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El abuso cometido en la institución le costó el puesto tanto al contralor Velázquez como a la subcontralora Nancy Torreblanca, quien también cometió abusos al utilizar funcionarios de la institución para labores domésticas en su casa particular. La Cámara de Diputados llegó a aprobar juicio político para ambos; y cuando se dieron cuenta de que habría los votos para ser destituidos, en agosto optaron por renunciar a sus cargos. Asumió en su reemplazo el hasta entonces asesor jurídico de la institución, Roy Rodgers.