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Familiares de las víctimas realizan varias actividades en el memorial ubicado en las ruinas del súper. Piden celeridad al Estado para construir un centro de la memoria.
El programa de actividades contempla para hoy desde las 20:00 hasta la medianoche una peña artística solidaria.
Mañana, día central de recordación, a partir de las 8:00 se oficiará una misa en el santuario. A las 9:00 se presentará el libro: “11:20 h. del 1 de agosto del 2004. Tragedia en el Paraguay”. Primer tomo.
A las 10:00 se procederá a la presentación de la nueva Ordenanza de Prevención contra Incendios para la Seguridad Humana, a cargo del concejal Carlos Galarza. De 11:00 a 12:00, se desarrollará el acto simbólico, sirena, lectura del manifiesto por los 10 años del 1 de agosto y un acto ecuménico. A las 12:00, habrá un espacio abierto para todo el público. A las 18:00 se oficiará una misa en el local. El sábado 2 de agosto de 9:00 a 11:00 se hará la corrida “Ycuá Bolaños 10 años”.
“No queremos que todo el dinero que el Estado debe pagar por la expropiación vaya a parar a la cuenta de los Paiva. Queremos que se agilicen los trámites para la licitación y construcción del Centro de la Memoria en el predio del incendiado Supermercado Ycuá Bolaños de Trinidad”, dice Rubén Rojas Sánchez, quien perdió a su sobrina a quien quería como a su propia hija, la cajera Ofelia Noemí Giménez Rojas, de 18 años.
“Mi sobrina falleció en el incendio del Ycuá Bolaños sin abandonar su puesto de cajera porque le habían ordenado que se quedara a cuidar la caja”, recordó Rojas.
Dijo que Ofelia era una chica de 18 años que desde el primer grado hasta el último año fue excelente estudiante. Era catequista de la parroquia Sagrada Familia. “El sueño de ella era entrar a la universidad. Estaba juntando su dinero. Y por la avaricia de los Paiva, sus sueños quedaron truncados para siempre”, recordó con lágrimas en los ojos.
El padre de la joven, Lucas Giménez, falleció de dolor después de la tragedia; su mamá María Rufina Rojas quedó con graves secuelas de salud mental. La sobrevivieron dos hermanas: Samanta y Salmira Giménez.
Rojas recuerda la audiencia pública realizada el martes último, en la Cámara de Diputados, ocasión en que las víctimas y familiares lamentaron el retraso para que el predio donde ocurrió la tragedia en 2004 pase a manos del Estado y se construya un memorial.
“En reiteradas ocasiones, mi sobrina me dijo que quería salir de su trabajo por la carga y el maltrato de los jefes y descuentos compulsivos de sus haberes por mercaderías que fueron robadas. Y murió en su puesto de trabajo. Una imagen que no se me borra de la mente a 10 años de la tragedia del Ycuá Bolaños”, resaltó Rojas, quien dijo que en el incendio del súper murieron cerca de 400 personas y a diez años del luctuoso hecho, unas 200 más fallecieron por dolor de la pérdida de sus seres queridos. Según la Justicia, los fallecidos fueron unos 350.
Según Rojas, las organizaciones Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños, Santuario 400 Mártires y Niños Huérfanos dejan de lado todo el odio, el rencor, la venganza en honor de los mártires que están en el cielo.
El procurador general de la República, Roberto Moreno, dijo que la expropiación aún no se concretó porque los Paiva, propietarios del inmueble, exigen el pago por la indemnización, mientras que la Procuraduría sostiene que el monto (poco más de 2 millones de dólares) debe ser una compensación al Estado por los gastos asumidos para atención e indemnización de las víctimas y sus familias.
Al dolor que no sana se agrega uno económico. “Es como si fuéramos culpables del incendio y de la muerte de nuestros familiares. Al golpe emocional del que aún no nos recuperamos, se sumó otro de índole económica. De víctimas pasamos a ser victimarios”, afirmaron familiares de víctimas con relación a las regulaciones de los abogados Raúl Netto, padre e hijo, que deben pagar.
Carmen Rivarola, de la Coordinadora de Víctimas, en su momento aclaró que unas 150 familias son las que perdieron sus demandas en los juzgados civiles y fueron quienes recibieron las notificaciones del embargo preventivo de sus bienes.
Al respecto, los abogados de Juan Pío Paiva, Luis Emilio Escobar Faella y Raúl Netto aseguraron la semana pasada que no ejecutarán los embargos, ya que está encaminado un acuerdo con las víctimas.
Ana María Ramírez y Pedro Ramírez de Fernando de la Mora perdieron a su hermana, Magdalena Andrea Ramírez, de 33 años, en el incendio del 1 de agosto de 2004. “Mi hermana era tesorera en el súper y murió en su puesto de trabajo. Es muy doloroso lo que está pasando, después de diez años de herida sin sanar, ahora otra injusticia. Los abogados de Juan Pío Paiva quieren cobrar sus honorarios profesionales. Es como si nosotros hubiéramos sido los culpables del incendio del supermercado, donde fallecieron nuestros seres queridos y ahora tenemos que pagar por eso”, lamentaron.
Miguel Samudio perdió a su hijo Gerónimo, su nieta Elizabeth y su nuera Roberta en el incendio del súper. Afirma que la herida no sana y a esto se suma la pesadilla económica. “No hay justicia en nuestro país. Pasamos de víctimas a victimarios. No hay humanidad, no tenemos tranquilidad desde el 2004. Lo que quieren los abogados es sacarnos la indemnización que nos da el Estado de G. 86.900.000. Nos quieren dejar en la calle”, sentenció.
Lisset Medina (23) perdió a su madre Feliciana, de 34 años, y una hermanita, María José, de 4 años, el 1 de agosto. Ella pide que en vez de un memorial, en el lugar donde funcionaba el súper, se construya un parque recreativo al que puedan concurrir los niños a jugar felices.