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Las 14 plantas verificadoras, a cargo de la empresa Viviendas Paraguayas SA, cuyo principal directivo es Óscar Rubiani, y las 15 oficinas del Registro del Automotor (ver infografía) no tienen capacidad para atender, en un mes de tiempo, a dueños de más de 800.000 motocicletas y de 250.000 vehículos de cuatro ruedas con “chapas provisorias”.
Esta sería la cantidad de vehículos sin documentos legales, según datos del Registro del Automotor.
El próximo mes podría de nuevo comenzar una larga cola de gente, tanto en las oficinas del RUA y de las plantas verificadoras, ya que el plazo de la vigencia legal de las “chapas provisorias” termina el 31 de diciembre.
La citada empresa había sido contratada sin licitación por el Poder Judicial desde el 2000. Por recomendación de la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia resolvió un concurso público en 2009.
El Consorcio Automotor sigue monopolizando la fiscalización de vehículos pese a que no es necesario, pues la Dirección General de Aduanas otorga a los importadores un “certificado de nacionalización” que es muy difícil de falsificar.
No tiene sentido que el Estado exija a los dueños de rodados importados legalmente que verifiquen la coincidencia entre el número de chasis y los documentos legales. Esto lo hace Aduanas, que expide un certificado de nacionalización que también debe presentarse en el RUA para solicitar la cédula verde y la chapa definitiva.
Las fábricas nacionales de motocicletas expiden también un “certificado de fabricación”, por lo que tampoco el RUA debe exigir una verificación de motos en las plantas del Consorcio. Los citados documentos deben ser válidos sin necesidad de recargar con otro costo adicional a los propietarios, había señalado el gerente de Leopard, Jorge Samaniego.
El sistema creado por la Ley 608/95 no solo aumenta el costo de legalización de los rodados, sino genera un sistema monopólico y centralizado. Esta es la raíz del problema de la falta de chapas y cédula verde de miles de vehículos de todo tipo que circulan por el territorio del país. Esta ley sacó las atribuciones de las comunas.
darce@abc.com.py