Funcionarios de la cartera sanitaria están seguros de que la estafadora, que se presentaba como Rossana Ayala (su verdadera identidad sería Rossana Itatí Ávalos), forma parte de una red en la que participan también funcionarios del ministerio. Su paradero actual se desconoce.

Rossana ofrecía a profesionales de la salud, principalmente recién recibidos, contratos de trabajo, alegando que tenía buenos contactos en Salud. Los incautos eran convocados a la Plaza Uruguaya o la Terminal de Ómnibus de Asunción para firmar los contratos y pagar el costo del “servicio”, que iba de 5 a 8 millones de guaraníes. Días después del pago, la estafadora enviaba vía WhatsApp una foto de la resolución de contrato que tenía la firma, que sería escaneada, del ministro de Salud, Antonio Barrios.

La mayoría de las resoluciones de contrato, burdas falsificaciones, eran para cumplir servicios en centros asistenciales del Chaco (Tte. Irala Fernández y Villa Choferes del Chaco). Cuando los afectados se presentaban al lugar que señalaba el documento falso se daban cuenta del engaño.

La Oficina de Anticorrupción del ministerio, dependiente de la Dirección de Gabinete, recibió la primera información del caso en abril y de inmediato se abrió una investigación que obligó a un equipo a ir al Chaco para concretar reuniones con posibles afectados. “Fuimos a Tte. Irala Fernández primero y luego a Villa Choferes. En el primer lugar teníamos la información de que un médico del IPS habría pagado para tener un vínculo (contrato) en el ministerio. Nos reunimos con él, pero no ayudó con datos. Ya en el segundo sitio pudimos confirmar que una persona ofrecía los contratos. Logramos el nombre de la supuesta estafadora”, explicó el Abog. Jorge Brítez, director de gabinete.

Agregó que esta semana una licenciada en obstetricia y una técnica en radiología se animaron a denunciar y dar más detalles sobre cómo fueron estafadas, lo que permitió contar con más pruebas para una presentación ante la Fiscalía.