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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), institución que regula el servicio de telecomunicaciones, otorgó a Tigo, en diciembre de 2014, G. 3.478 millones del Fondo de Servicios Universales (FSU), que proviene del aporte que hacen las operadoras telefónicas del 1% de sus ingresos brutos, para financiar proyectos que beneficien a los ciudadanos, como por ejemplo, telefonía, internet, etc.
Los fondos eran para subsidiar la provisión de internet a 176 establecimientos del Ministerio de Salud hasta este año. Nuestro diario constató que varios de los sitios nunca tuvieron el servicio, otros tantos lo tuvieron por poco tiempo, de forma precaria y de mala calidad. Lo que todos los establecimientos visitados tienen es el cartel con el logo de Conatel, número de contrato, monto y empresa adjudicada.
El contrato sigue vigente aunque en los documentos expiró en marzo último, teniendo en cuenta que corría el plazo de 710 y 810 días desde la firma del contrato.
Intentamos hablar con José Perdomo, gerente de Tigo para que nos explique el problema que tuvieron para incumplir el contrato, pero pidió que habláramos con Mariana Flecha, responsable de comunicación de Tigo. La que se comunicó con nosotros fue Alma Morán, de Comunicaciones, quien respondió que “cualquier consulta sobre Telemedicina hagamos al Ministerio”.
El Ing. Pedro Galván, responsable de Telemedicina en la cartera de Salud, junto al Dr. Miguel “Mime” Velázquez, afirmó a ABC que el principal esponsor de Telemedicina es Conatel. “La ayuda que nos brinda Conatel es muy importante porque nos permite atender a un sector de la población que no puede llegar a la capital a consultar con un especialista”, expresó. Entregó una lista de 56 centros que tienen el servicio de los 176 que tenía que financiar Conatel.
Este año entregó software
Tigo debía instalar un software en Conatel para el control remoto de la provisión efectiva de internet, pero recién este año entregó, según nuestras fuentes. La titular de Conatel, Ing. Teresita Palacios, no quiso hablar con nosotros por recargo de trabajo. El Ing. Nicolás Evers, gerente de Fondo de Servicios Universales (FSU) del regulador, concedió una entrevista informal en la que solo mencionó que el contrato sigue vigente y que existe una carta de crédito a nombre de Tigo. No mencionó el monto con la excusa de que están haciendo la “conciliación de cuentas”. Mediante la ley de acceso a la información pública nos informaron que la carta de crédito es por G. 1.748 millones, la mitad del monto del contrato.
Mañana: Figuran locales abandonados.
slopez@abc.com.py