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El Colegio Técnico de las Américas funciona en la calle Federación Rusa, entre Avda. San Martín, Río Acahay y Narciso R. Colmán, del barrio Carmelitas de nuestra ciudad, bajo la dirección de María Virginia Segura de Rivas. Según la arquitecta Miriam Cardozo y José Moreno, vicepresidenta y presidente, respectivamente, de la comisión de padres, la propiedad donde funciona el centro educativo es fiscal, por lo que solicitaron, vía nota, a la Municipalidad de Asunción que se la ceda en usufructo, para garantizar la continuación de sus tareas.
Dijeron que los propietarios de los terrenos lindantes, donde funciona un shopping, le exigen salir del predio y aducen que también son dueños del terreno, pero según informes de los registros públicos la propiedad es de la Comuna capitalina. El objetivo sería ampliar el centro comercial.
Investigación
Por su parte, el concejal municipal Martín Arévalo explicó que dos inmuebles colindantes al Colegio de las Américas (ver gráfico) también son de la Municipalidad, pues provienen del loteamiento de José Carlos Jorba, por Resolución N° 1029, del 2 de mayo de 1967, dejado en concepto de edificio público, y hasta la fecha no fueron desafectados del dominio municipal.
Aclaró que “los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles” (Art. 135 de la Ley Orgánica Municipal), por lo que la venta de esos mismos terrenos, hecha por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios a Weldon Black Zaldívar (hijo de Sandra Zaldívar de Argaña) sería ilegal y nula, por haber sido ilegalmente transferidos los terrenos.
El edil solicitó a la Junta Municipal que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comuna tome las medidas legales correspondientes para precautelar los bienes del Municipio así como también denuncien ante el Ministerio Público los hechos punibles tipificados en el Código Penal como “producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y estafa”.