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Varios institutos superiores, incluso universidades privadas, tienen locales dispersos en la capital y el interior que funcionan en sitios inapropiados, sin la infraestructura requerida para las clases teóricas y, mucho menos, para las prácticas.
Ayer, durante el panel debate realizado en el Aula Magna de Medicina UNA, se dejó en claro el riesgo que esta situación conlleva para la salud pública.
Algunos institutos superiores ofrecen carreras vinculadas a la odontología, enfermería y de algunas otras tecnicaturas.
Una de las dos versiones del proyecto de ley de educación superior que debe considerar la Cámara de Diputados equipara a los institutos superiores a las universidades, con autonomía para otorgar títulos de posgrados, como maestría y doctorados.
En Medicina UNA rechazan totalmente dicho proyecto, por la poca exigencia que tendrían estos institutos, a diferencia de los años de estudios y de la formación práctica que tienen los estudiantes en una universidad con buena infraestructura.
El panel debate de ayer fue protagonizado por el director de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación y de la Educación Superior (Aneaes), Dr. Raúl Aguilera, y por el rector de la UNA, Ing. Agrón. Pedro González. Elizabeth Monges fue la moderadora como representante del citado curso de especialización en Didáctica Universitaria.
Aguilera explicó que la Cámara de Senadores aprobó la ley que refleja el consenso de todos los sectores, y que fue redactada conforme a una normativa que regule y garantice la calidad de la educación superior del país.
Sin embargo, en la comisión de la Cámara de Diputados fueron introducidas varias modificaciones que no fueron consensuadas y que se cree responden a intereses de terceros.
Ahora, los diputados deben expedirse y aprobar el proyecto que recibió de Senadores o las modificaciones que introdujeron.
El rector González indicó que lo deseado es que se apruebe la versión original de Senadores, ya que de aprobarse con las modificaciones introducidas en Diputados se estaría dejando un mal precedente, que generaría una serie de acciones de inconstitucionalidad para derogar la ley.