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El Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por el doctor Benigno López, en sesión extraordinaria y sin dos de sus miembros, resolvió el pasado viernes 23 de febrero del corriente adjudicar la licitación N° 105/17 para la “Contratación de Servicios de Limpieza e Higienización para las distintas dependencias del IPS”.
Las empresas que fueron beneficiadas con el millonario contrato (US$ 28 millones) son el Consorcio Limpieza (formada por Potî y Potî SA de Alberto Palumbo) y Cevima SA (representada por Claudio Escobar Brizuela).
Lo llamativo del caso es el apuro por adjudicar y firmar los nuevos contratos con estas dos empresas que, casualmente, mantienen vigentes anteriores contratos con el IPS por el mismo servicio hasta mayo (caso Cevima) y junio (caso Potî) de este año.
Más aun cuando existen serios cuestionamientos sobre el proceso licitatorio, ya que existen denuncias de presunto direccionamiento del pliego de bases y condiciones hacia ambas empresas.
La denuncia concreta, presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por una de las oferentes, Renova SA (representada por Liliana Giménez), sostiene que las ofertas debían haberse presentado por lotes y no de manera global, como se exige en el pliego de bases y condiciones, mezclando el servicio de limpieza de sectores críticos como salas de cirugía, terapia intensiva, laboratorios y otros con las áreas comunes, oficinas, depósitos, patios, etc., limitando la participación de oferentes y elevando el costo del servicio para la previosional.
El titular del IPS, doctor Benigno López, señaló que tras el rechazo de dicha protesta por parte de la DNCP (que curiosamente ignoró un informe técnico del mismo Ministerio de Salud Pública), el IPS tiene la potestad de adjudicar libremente a las empresas Potî y Cevima SA.
Lo que el presidente del Instituto se guarda muy bien en mencionar es que ambas empresas beneficiadas con el jugoso contrato, fueron sumariadas por la DNCP el pasado 6 de febrero por presuntos incumplimientos de contratos justamente en el IPS (Resolución de la DNCP Nº 449/18).
Dicho sumario no ha sido finiquitado hasta la fecha y de encontrarse los elementos correspondientes, tanto Potî como Cevima SA podrían ser inhabilitados para contratar con el Estado paraguayo.
De hecho, tanto el señor Alberto Palumbo como el Consorcio Potî de su propiedad, ya fueron inhabilitados en junio del 2016 (Resolución DNCP N° 1902/16) por irregularidades en otro contrato con el IPS.
Asimismo, la empresa Potî de Palumbo soporta otro sumario de la DNCP (Resolución N° 986) por presuntas irregularidades en otro contrato de servicio de limpieza en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que también debe definirse.
¿Cuál es el apuro?
Incluso está pendiente un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las irregularidades denunciadas en contra de la licitación 105/17 del IPS por lo que no se explica el llamativo apuro por adjudicar esta licitación de más de G. 150.000 millones, para premiar a empresas que además no cumplen sus contratos con la misma previsional.
La suspicacia aumenta cuando se observa que se da celeridad al millonario contrato justo antes de las elecciones generales.