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Existen empresas que proveen dicho servicio a las patronales y uno de sus directivos niega que el procedimiento sea irregular. A la fecha no se registra ningún tipo de sanciones.
Delvalle manifestó que el Ministerio de Justicia y Trabajo ha recibido un considerable número de denuncias contra este tipo de prácticas. Agregó que incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuestiona duramente la actividad por violar el derecho a la intimidad.
El alto funcionario señaló que la principal proveedora del servicio es la firma RIPA SA, de Ricardo Asrilevich. Explicó que los empleados de las diferentes patronales son obligados a presentarse a la prueba en la sede de la firma (Pettirossi Nº 341) y que posteriormente serían sometidos a un cuestionario de tinte personal de manera a denigrarlo y ponerlo nervioso.
Reconoció que hasta la fecha ni la compañía ni sus respectivos clientes han sido multados ya que ni siquiera existen sumarios que posibiliten una investigación por la supuesta negativa de sus responsables a permitir una inspección en el sitio. Tampoco supo decir a qué tipos de multas se exponen, pero resaltó que los empleados pueden denunciar o demandar a sus empleadores si se ven forzados a participar.
Dijo finalmente que la cartera de Estado deberá dictaminar sobre el sometimiento de los empleados públicos a este tipo de pruebas.
Se utilizaría en el sector público
El debate sobre la utilización del polígrafo o detector de mentiras se instaló luego que el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Justicia anunciaran su utilización entre funcionarios y agentes policiacos sospechosos de irregularidades o corrupción. Recientemente el empresario y político colorado Elzear Salemma afirmó que sus trabajadores de la cadena de supermercados que lleva su nombre son sometidos al polígrafo sin que sean obligados a participar o ser causal de despido.
"Práctica es legal"
Consultado por ABC Color, Ricardo Asrilevich negó que la actividad de su firma sea ilegal o humillante y agregó que es una prueba libre. Explicó que primeramente el personal examinado es entrevistado por su propia empresa donde toman la opción de aceptar o no la prueba.
"En derecho lo que no está prohibido, está permitido. Tampoco es humillante", aseveró el poligrafista quien se calificó de experto al afirmar que las pruebas tienen un 90% de exactitud. Agregó que el que viene es porque quiere ayudar a su empresa y quiere decir la verdad. "No sirve solo para castigar, las empresas en todo el mundo lo usan para premiar la honestidad y promover a sus empleados", señaló finalmente.
El alto funcionario señaló que la principal proveedora del servicio es la firma RIPA SA, de Ricardo Asrilevich. Explicó que los empleados de las diferentes patronales son obligados a presentarse a la prueba en la sede de la firma (Pettirossi Nº 341) y que posteriormente serían sometidos a un cuestionario de tinte personal de manera a denigrarlo y ponerlo nervioso.
Reconoció que hasta la fecha ni la compañía ni sus respectivos clientes han sido multados ya que ni siquiera existen sumarios que posibiliten una investigación por la supuesta negativa de sus responsables a permitir una inspección en el sitio. Tampoco supo decir a qué tipos de multas se exponen, pero resaltó que los empleados pueden denunciar o demandar a sus empleadores si se ven forzados a participar.
Dijo finalmente que la cartera de Estado deberá dictaminar sobre el sometimiento de los empleados públicos a este tipo de pruebas.
Se utilizaría en el sector público
El debate sobre la utilización del polígrafo o detector de mentiras se instaló luego que el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Justicia anunciaran su utilización entre funcionarios y agentes policiacos sospechosos de irregularidades o corrupción. Recientemente el empresario y político colorado Elzear Salemma afirmó que sus trabajadores de la cadena de supermercados que lleva su nombre son sometidos al polígrafo sin que sean obligados a participar o ser causal de despido.
"Práctica es legal"
Consultado por ABC Color, Ricardo Asrilevich negó que la actividad de su firma sea ilegal o humillante y agregó que es una prueba libre. Explicó que primeramente el personal examinado es entrevistado por su propia empresa donde toman la opción de aceptar o no la prueba.
"En derecho lo que no está prohibido, está permitido. Tampoco es humillante", aseveró el poligrafista quien se calificó de experto al afirmar que las pruebas tienen un 90% de exactitud. Agregó que el que viene es porque quiere ayudar a su empresa y quiere decir la verdad. "No sirve solo para castigar, las empresas en todo el mundo lo usan para premiar la honestidad y promover a sus empleados", señaló finalmente.