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Miguel Marecos, presidente de Sinadi, informó que solicitaron al doctor Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la intervención del Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo del abogado Felipe Acosta, por las numerosas irregularidades que constatan día a día desde que asumieron la defensa de más de 6.000 docentes que denunciaron estafa por parte de firmas “fantasma” y el embargo total de sus salarios.
“Hace más de un mes solicitamos al juez Acosta copia de los expedientes de los docentes que fueron demandados por los abogados Rolando Salinas y Mercedes Martínez en el juzgado de La Encarnación, sin recibir respuesta. Incluso hemos constatado la presencia diaria en el juzgado de La Encarnación de la abogada Mercedes Martínez, responsable de los pedidos de embargo de salario de miles de docentes de todo el país, quien actúa como si fuera la jefa del juzgado, lo cual es gravísimo”, indicó Marecos.
Además, la ujier notificadora Elisa Monserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Ana González Ledesma (que trabajan para el mismo juzgado) y Carlos Leite Jara ya fueron imputados por las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, por producción de documentos falsos, ya que mintieron al informar que notificaron a cada uno de los docentes sobre las demandas en su contra, lo cual no ocurrió.
Imputados
Ayer se presentó oficialmente la imputación por estafa contra Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, propietarios de la firma Marité SA, tras una serie de investigaciones por parte de las fiscalas Sosa y Ledesma. Las empresas Trial SA, Muñequita SA y Soluciones Ágiles SA (propiedad de Juan Manuel Santacruz) también están siendo investigadas por ilícitos.