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En referencia a los casos de explotación laboral que ocurren en las empresas contratadas por el IPS y afectan a trabajadores de dichas firmas vinculadas al diputado José Chamorro (ANR), indicó que no es a la institución a su cargo a la que le corresponde investigar, sino al Ministerio de Justicia y Trabajo.
“Lo único que podemos hacer nosotros es constatar que los funcionarios de las empresas que contratamos estén asegurados, pero si el salario que ellos reciben por la prestación de sus servicios es inferior al mínimo, es algo que debe investigar Justicia y Trabajo” dijo.
Las empresas que estarían pagando a sus obreros solo la mitad de lo que declaran ante el IPS son Cevima, dedicada al servicio de limpieza, y Doram SACI, que se ocupa de la vigilancia. Los trabajadores tampoco acceden a derechos básicos como el pago del doble jornal por trabajo en los días feriados.