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El director de la asesoría jurídica de la Municipalidad, abogado Benito Torres, y el asesor de transporte, Manuel Chávez, informaron que la Junta Municipal puede licitar los itinerarios, pero primeramente la Intendencia debe abrir sumario administrativo a las líneas que operan con permiso provisorio.
Chávez informó ayer que recibió instrucciones de Samaniego para dar inicio a los trámites administrativos del sumario. Señaló que primero debe reunir los datos sobre la situación operativa del servicio que prestan las líneas.
Una vez que la asesoría en materia de transporte reúna los datos, junto con el asesor legal, Chávez debe emitir un dictamen y formular “acusación” contra las líneas.
En esta etapa administrativa el intendente comunal emitirá una resolución para ordenar el sumario. Al mismo tiempo designará un juez de instrucción y comunicará a los afectados, según el abogado Chávez.
El sumario administrativo puede durar varios meses, ya que los afectados deben defenderse de la acusación de mal servicio.
Chávez dejó en claro que el intendente tiene voluntad para lanzar una nueva licitación, pero primero quiere agotar las instancias legales.
Caso de la Línea 56
La Sanlorenzana, Línea 56, había ganado la licitación del itinerario de la Línea 45 en 2004, pero la Corte Suprema de Justicia anuló la adjudicación en 2009.
El transportista Pedro Cabrera recurrió a la justicia ordinaria porque la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana había cancelado su permiso de usufructo del itinerario sin realizar sumario. Al final, no hizo uso de su derecho, pues adeuda al BNF US$ 9.700.000.
Este antecedente es vital para la administración de Samaniego, ya que de lo contrario las líneas internas podrían recurrir a la justicia.
Las empresas de transporte que serán sumariadas por mal servicio, y que desde el sábado cobran G. 2.000, son: El Conquistador, Línea 13-2; Conquistador, 13-1; Saeta, Línea 37-B; Adusa, Línea 37-C; La Unión, Línea 16-2; Ysapy, Línea 1; y Capellanes del Chaco, Línea 6. Operan “sine die” o sin plazo.