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Luego de una conferencia de prensa realizada con motivo de la posesión de cargo de los nuevos directores del Instituto de Previsión Social (IPS), Hugo Royg informó que sí se reunió con el diputado colorado Miguel Del Puerto. Según indicó, se reunió con Del Puerto “el miércoles último a las diez y diez de la mañana”.
Al ser consultado si el legislador le solicitó una cama en el servicio de cuidados intensivos, el titular del IPS respondió que en el encuentro no conversaron de ese tema.
Afirmó que le sorprendió la publicación periodística en la cual dicho diputado expresa que pidió una audiencia con él, pero que no fue recibido. El legislador requería una cama en el servicio de terapia intensiva para un familiar enfermo, según este sostuvo.
Esta situación habría causado malestar entre los colorados y por ello el presidente del IPS sería objeto de quejas formales ante el presidente Horacio Cartes. Royg fue resistido por políticos colorados desde antes de su nombramiento.
Esta situación da lugar a sospechar que la intención de los colorados es lograr la destitución de un profesional que no responde a dicho partido político.
Presión política
El titular de la institución, que es el principal seguro social del país, reconoció que existen presiones de diferentes nucleaciones políticas. Aclaró que su preocupación es hacer bien su trabajo. “La presión política y ciudadana es saludable porque me exige hacer bien mi trabajo. Mi foco está en que IPS funcione cada vez mejor”, aseguró.
“Siempre tengo preparada la renuncia, porque soy un funcionario público y si no doy resultados, es lo lógico. Tengo todo el apoyo del Presidente y lo siento”, afirmó.
Reiteró que sus prioridades son descentralizar los servicios del Hospital Central del país, mediante la continuación de las obras que se estaban ejecutando; atender las deudas con las pensiones y extender el seguro social a todos los trabajadores del país.
Descontrataciones
Royg afirmó que hay contratos de 38 funcionarios que vencen el 31 de agosto y no serán renovados. Informó que los criterios para esta medida fueron varios, como ausencia injustificada, llegadas tardías, entre otros.
Actualmente hay 4.000 contratados. Las renovaciones serán por el período de dos meses, lapso que se evaluará la permanencia de los funcionarios.
“De estos 4.000 contratos hay muchos que son personal de blanco. Se evaluará cada servicio de modo que tengan el número adecuado en cada uno de ellos”. dijo.
Aclaró que pidieron una reprogramación y ampliación presupuestaria del Parlamento para llegar a fin de año con suficientes rubros para estos contratados.