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Los abusos de casas comerciales en contra de docentes mermaron tras las denuncias masivas por estafa, usura, producción de documentos no auténticos y testimonios falsos que promovieron docentes, fiscales y el Sindicato Nacional de Directores del Paraguay (Sinadi), este último uno de los primeros gremios en hacer visible la problemática.
En el sector indígena el drama fue causado por extorsiones, ya que los vendedores obligaban a los docentes a comprar productos que no querían y en las comunidades incluso se escondían de los vendedores quienes literalmente plantaban las mercaderías en las casas de los docentes y luego los atosigaban para que firmasen los pagarés.
A través de las investigaciones hechas por la fiscala Teresa Sosa y sus colegas, se ha logrado que algunas de estas casas comerciales reparen el daño que provocaron a los docentes, pero el resarcimiento no es completo y ninguna empresa o directivo han recibido condenas.
Es la situación de la docente indígena Victorina Páez, maestra de la Escuela 3 de Agosto de la Comunidad la Armonía, ubicada en Presidente Hayes y a quien le falsificaron su firma para descontarle el importe de casi G. 30.000.000, por productos que jamás adquirió.
La profesora estuvo casi todo un año sin cobrar su salario, luego realizó la denuncia y se suspendió el descuento, pero hasta la fecha no le devolvieron todo el dinero que se le descontó porque aún no se realizó el peritaje de las firmas falsificadas. La docente debe firmar la suspensión de débitos cada 180 días, hasta tanto la Justicia tome cartas en el asunto. En febrero le descontaron nuevamente, pero la empresa le devolvió lo debitado. “Desde que se hicieron las denuncias los vendedores ya no nos persiguen, solo dejan sus revistas para ver si nos interesa comprar”, dijo Victorina.
“Se está tratando de reparar el daño a los docentes y estamos conversando con todas las casas comerciales y los representantes legales de las mismas, quienes iniciaron los juicios ejecutivos. Aquí ambos tienen responsabilidad y se están acercando al Ministerio Público intentado reparar el daño en la medida en que ellos perjudicaron a cada uno, tanto con el dinero que se le descontó a los docentes como con el dinero ilegal producto de la usura”, dijo la fiscala Teresa Sosa.
En cuanto a la auditoría a los Juzgados de Paz desde los que se emitieron las órdenes de juicios ejecutivos irregulares aún no fueron intervenidos, pese a que ya se solicitó en abril del año pasado.