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El decreto está firmado por el superior general de la congregación reverendo padre Michael Brechi.
En otra parte de la disposición se consigna que el padre Robadín no ha respondido positivamente a las exhortaciones de sus superiores a regresar a la congregación. Agrega que de acuerdo a las normas y la ausencia ilegítima superior a seis meses se hicieron las dos moniciones canónicas sin recibir respuesta positiva, por los que en consecuencia se tomó la decisión de someter las actas al Superior General.
La comunicación de superior general fue recibida y comunicada al arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, por el superior de la Provincia en Paraguay, padre Vicente Soria.
El padre Robadín estuvo involucrado en varios procesos judiciales. Fue procesado por una supuesta apropiación de joyas, propiedad de Eugenia Ruiz de Mendoza, quien el 23 de octubre de 2012 le entregó sus pertenencias para que las venda, pero eso nunca se dio y las joyas no le fueron devueltas a la mujer, quien inició acciones legales.
Robadín también inició una huelga frente a la Nunciatura para pedir la renuncia del arzobispo Valenzuela y del equipo investigador de casos de abuso protagonizados por curas. Sin incardinación, denunció por encubrir al sacerdote Silvestre Olmedo, acusado de manosear a una joven de la parroquia de Limpio.
También había denunciado al director interino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Ángel María Recalde, así como a los expresidentes de la República Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, además del exministro Efraín Alegre y el ingeniero Ricardo Canese, quien formó parte de la comisión negociadora que planteó la Nota Reversal de 1992, cuyos términos se siguen aplicando a la fecha para determinar la tarifa de la EBY.