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El proyecto de ley busca garantizar un acceso equitativo a los medicamentos en los sanatorios privados y seguros médicos, comentó el defensor del Pueblo, el abogado Miguel Godoy.
“Los medicamentos son un bien esencial para la vida, pero el precio es fijado discrecionalmente. Existe una gran cantidad de publicaciones periodísticas sobre abusos en la comercialización de fármacos e insumos. Cada vez es mayor el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar a la compra de remedios”, manifestó.
Agregó que los pacientes internados en los servicios médicos privados se ven obligados a adquirir medicamentos e insumos únicamente de las farmacias internas que funcionan dentro de los centros médicos, conforme contratos de adhesión arbitrarios. “Estos documentos atentan contra la buena fe, perjudicando de esta manera a los asegurados, ya que en un momento de necesidad y desesperación, no es posible hacer comparaciones en los costos de los productos e insumos médicos con los de plaza”, señaló.
Destacó además que los sanatorios y seguros médicos privados ya perciben mensualmente sumas de dinero significativas por sus servicios y que en este sentido la comercialización obligatoria de medicamentos provenientes de las farmacias internas representan un gasto más para los usuarios del servicio. “Este proyecto de ley tiene como misión precautelar los derechos de los consumidores de servicios de salud ante los poderosos sanatorios privados”, explicó Godoy.
El proyecto de ley “Por la cual se establecen normas regulatorias para la adquisición de medicamentos de sanatorios privados y seguros médicos” fue presentado a Diputados. Señala en su primer artículo la prohibición de que los sanatorios y seguros, mediante disposiciones unilaterales, comercialicen medicamentos e insumos a usuarios internados, única y exclusivamente de las farmacias internas.
El segundo artículo establece la obligatoriedad de la publicación de precios de medicamentos en lugares visibles dentro de la institución sanitaria. Ya en su tercer apartado, habla de la obligación para los sanatorios privados de proporcionar al ciudadano un informe conteniendo el listado completo de medicación utilizada, en forma personal o de terceros, por periodos de 24 horas, con el arancel correspondiente.
Sobre hechos del 31 de marzo
Ante los graves hechos ocurridos el viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril en la sede del Congreso y sus alrededores, y también en el local del PLRA, la Defensoría del Pueblo dispuso el lunes 3 de este mes el inicio de una investigación. “No estuvimos ajenos a estos acontecimientos. Pedimos a la Fiscalía que informe a esta repartición constitucional todo lo actuado ese lunes 3 de abril. Ayer (por el miércoles 26) solicitamos al fiscal general, doctor Javier Díaz Verón, la designación de más fiscales, a los efectos de darle mayor celeridad a la investigación sobre lo ocurrido en sede legislativa y el asesinato del joven dirigente del PLRA”, dijo Miguel Godoy. La ciudadanía en varios espacios y redes sociales reclamó la “desaparición” del defensor del pueblo en los días de crisis reciente.