Propietarios y escribanos fraguan contratos para apoderarse de tierra

La pobreza, la ignorancia y la ingenuidad son muy bien aprovechadas por los sojeros para apoderarse de las tierras indígenas, en total contravención a la Constitución, que prohíbe el arrendamiento de los territorios indígenas. Al juego también se prestan los escribanos que elaboran dudosos contratos para legalizar el despojo.

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En Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú se concentran las tierras más apetecidas por los sojeros. En estas regiones los nativos tienen extensos lotes, que han significado años de lucha para su aseguramiento.

Sin embargo hoy, aprovechándose de la menor formación intelectual de los mismos, los engañan y se apropian de sus territorios.

Las tierras indígenas son las mejores porque han resistido a la deforestación y a su explotación desmedida.

La plata para ellos es una tentación irresistible y los caciques siempre caen cuando la moneda fácil soluciona una contingencia como es el hambre.

Durante una recorrida por la zona de Vaquería, Yhû y Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, constatamos que miles de hectáreas de soja ya han absorbido los territorios indígenas. En medio de ese mar verde, oteando en el horizonte, si uno divisa un remanente verde, es lo que ha quedado de una comunidad indígena. Esta es también la realidad en el Alto Paraná. En el pasado fue la represa de Itaipú la que desplazó a los indígenas, en ese caso a los ava guaraní, que se desplazaron de la cuenca del río Paraná hacia lugares más alejados de la ribera, que en la década del 70 aún eran montes impenetrables.

Con el correr de los años, ya sin la madera, recibieron la invasión de los sojeros, y hoy muchas comunidades tienen alquiladas las tierras por las que tanto lucharon.

En la infografía publicamos hoy cinco casos en los que una misma persona, Renilso Maia de Souza, arrienda 2.959 hectáreas de los aborígenes.

De acuerdo a los contratos privados que ha firmado con los caciques, quienes utilizan ilegalmente el nombre del Instituto Paraguayo del Indígena, la explotación de los inmuebles es desde el 2007 hasta el 2018. Los nativos entregan la propiedad y el nuevo propietario se encarga de la mecanización o de la destrucción del territorio. Provee semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas y otros insumos necesarios para la siembra y el desarrollo del cultivo. En el contrato también se establece que en el primer año el propietario (los indígenas) no recibirá beneficio en compensación de los gastos de preparación del suelo. En el segundo año recibirá el 5% sobre la producción líquida total; el tercer año el 10%, el cuarto el 15% y desde el quinto año hasta el décimo, supuestamente, recibirá el 20%.

Los nativos ceden ante este esquema, sus territorios son convertidos en sojales y en sus alrededores viven en la miseria.

Los contratos a los que accedió ABC fueron elaborados ante el escribano público Hugo Ramón Cibil Bogado, con registro N° 1069, con oficina en la Supercarretera Km 90, Minga Porã, Alto Paraná. Por la participación en un acto similar la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro se encuentra actualmente procesada, al violar el artículo 62 de la Constitución, que prohíbe el arrendamiento de los territorios indígenas.

El Instituto Paraguayo del Indígena y la Fiscalía General de la República deben accionar para procesar a los sojeros, ganaderos, escribanos y a los caciques para anular estos contratos y devolver la titularidad de los inmuebles a la comunidad. También se debería pensar en políticas de aprovechamiento de estos inmuebles para que los indígenas encuentren allí trabajo y se afinquen en su territorio.

avelazquez@abc.com.py

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