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El veto del presidente, que se devolverá al Congreso Nacional, justifica la objeción total de la ley de Amarilla citando varios artículos de la Constitución Nacional, del Estatuto del Educador y de la Ley General de Educación, donde se resalta que las funciones de los docentes no se remiten exclusivamente a las aulas, ya que se entiende por educador al personal docente, técnico y administrativo. La ley pretendía suprimir los rubros docentes asignados a los administrativos, además de establecer 12 horas de trabajo, entre otros puntos rechazados rotundamente por los funcionarios del MEC.
También señala que la aplicación de esta ley “implicará el vaciamiento de funcionarios y la paralización de las actividades de la administración central del MEC”, dice parte del veto.