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Los 24 concejales asuncenos deben decidir si se rescinde o no el contrato con la firma Empo Ltda., que se encarga del servicio de disposición final de basura en la Capital. El pedido vino de la Contraloría General de la República (CGR), que alega que dicha empresa cometió una serie de irregularidades.
El vicepresidente de la Junta capitalina, Humberto Blasco (PLRA), dijo que si existen irregularidades, su bancada va a acompañar la decisión de rescindir. Aseveró que el tema aún no fue analizado en comisión ni en su bancada, ya que el documento no fue remitido todavía desde la Intendencia.
Por su parte, el concejal Elvio Segovia (PDP) expresó que “las irregularidades no pueden ser sostenidas”, en referencia a que si se comprueba la presentación de documentos falsos, acompañaría la rescisión. Sin embargo, consideró que “hay que analizar, y si hay cosas que son corregibles, se corrigen, si no, entonces hay que rescindir. Hay que ver cuáles son los argumentos”.
Recordó que en sesiones anteriores su bancada se opuso a los cambios que se pretendían hacer sobre tablas para beneficiar a la firma.
Al respecto, el edil Ireneo Román (Partido de la Juventud) denunció que habría “manos oscuras detrás del tema” y muchas presiones. Se refirió a la empresa El Farol, que sería una de las más interesadas en que a Empo se le rescinda el contrato y se llame a una nueva licitación, en la que podría resultar ganadora.
Comentó que hay muchos intereses detrás de las decisiones y dijo que “el error de Empo fue meterse en el problema de la deuda al Estado”. Sin embargo, defendió a dicha firma alegando que si la propia Municipalidad no le paga por el servicio que presta, entonces cómo podría solventar el abono de sus impuestos.
Pago millonario
El director municipal de Administración y Finanzas, Braulio Ferreira, anunció que la Comuna capitalina pagaría lo pendiente a Empo por el servicio prestado desde febrero hasta octubre pasados. La deuda se acumuló debido a que se suspendieron los pagos cuando salió a luz que Empo estaba en mora con el Estado en materia tributaria.
Ferreira no pudo precisar la cifra, pero Empo cobra un promedio de G. 26.000 millones anual, por lo que por ocho meses recibiría unos G. 19.500 millones. La fuente aseguró que la empresa presentó un certificado tributario en controversia, lo que ahora la habilita a percibir el pago, pues ha fraccionado su deuda con el Estado.
Sin ampliación de denuncia
El director Municipal de Asesoría Jurídica, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, informó que los abogados de la Comuna se presentaron ayer en la Fiscalía Adjunta para realizar una ampliación de la denuncia contra Empo Ltda. por presentación de documentos falsos. Sin embargo, no pudieron entregar los 17 certificados no válidos –aclaró– ya que aún no se ha designado a un fiscal, luego de la recusación al fiscal de la causa Federico Leguizamón por parte de los dueños de la empresa.