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Alrededor de quince personas fueron despedidas de la empresa “Consorcio Poti”, propiedad de Alberto Palumbo. Según la denuncia de los afectados, fue por sindicalizarse y por presentar dos denuncias ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS). La firma ofrece el servicio de limpieza a diferentes dependencias de la institución.
Los documentos fueron presentados al Consejo el 9 y 12 de agosto y enfocan dos aspectos. Por un lado, el incumplimiento de obligaciones laborales, como la falta de entrega de la boleta de liquidación de salario y el no pago de bonificación familiar, domingos y feriados trabajados, entre otros.
Por otro lado, la falta de entrega de insumos. En este apartado es importante destacar el incumplimiento de provisión de uniformes especiales, teniendo en cuenta que el servicio de limpieza tiene la particularidad de que se realiza en un hospital de alta complejidad.
Esta situación no solo pone en peligro a los empleados que prestan el servicio, sino que a los demás funcionarios e incluso a los pacientes.
El director médico del Hospital Central del IPS, doctor Vicente Ruiz, expresó que se registra una serie de deficiencias en el servicio de limpieza, como en el de transporte de la basura. “La basura debe transportarse en carros. Además está prohibido usar escoba porque levanta polvo. Es decir, una serie de detalles que tratándose de limpieza de un hospital son muy importantes”, expresó el profesional.
Agregó que hace un mes se solicitó que el servicio de limpieza ya no sea tercerizado, para un mejor control.
“Todo en regla”
El propietario del Consorcio Poti, Alberto Palumbo, al ser consultado sobre las denuncias, expresó que su empresa cumple todos los requerimientos, tanto laborales como del contrato con la previsional.
Explicó que estos trabajadores desde un principio le obligaron ser contratados, puesto que quedaron desempleados con el cambio de proveedor del servicio. “Es la primera vez que tenemos esta clase de problema, cada empleador elige a su empleado. Estos, bajo presión, nos obligan a contratarlos”, opinó.
El consejero Jorge Alvarenga informó que solicitaron la intervención del Ministerio de Justicia para investigar las denuncias y solicitaron informe acerca de la provisión de insumos.
El defensor del Pueblo, Édgar Villalba, informó que de comprobarse estas irregularidades, se trataría de un incumplimiento de contrato y causal para rescindirlo.