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La audiencia pública se realizó ayer en la sala Bicameral del Congreso Nacional, a la que fueron sumándose para participar mujeres y hombres. Brilló por su ausencia la ministra de la Mujer, Gloria Rubín, una de las principales responsables políticas en la materia, quien no asistió para debatir el proyecto de ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres basada en asimetrías de género. Se sumó también la ausencia de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias. Solo asistieron tres legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y ningún senador y senadora de la República.
Algunas de las personas participantes señalaron que más que una audiencia pública parecía un espacio para defenderse de los cuestionamientos al Proyecto de Ley, que ya fue presentado al Parlamento y se encuentra en estudio por varias comisiones legislativas.
No fueron solo las organizaciones de mujeres las que manifestaron su desacuerdo con el proyecto de ley. Llamó la atención la presencia de cuatros profesionales, miembros del Colegio de Abogados del Paraguay, quienes manifestaron su preocupación sobre el mencionado proyecto de ley.
El Dr. Silvio Reyes, exjuez, y en nombre del Colegio de Abogados del Paraguay, señaló entre diversas cuestiones, el capítulo relativo a los hechos punibles, respecto del cual afirmó: “Queriendo hacer el bien, estamos creando un mal. No estamos ajenos a los instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay, pero queriendo cumplir con los mismos, de esta manera, se estarían violando otros instrumentos de protección internacional de derechos humanos”. Por ejemplo, sostuvo que en “los art. 57, 58, 65 y 78, este proyecto de ley pasa a la protección de las mujeres adolescentes y de las niñas y ahí violentamos el art. 2 de la Convención de los derechos del niño, el cual obliga a los Estados partes a que en las leyes de protección de los niños, no debe haber discriminación de raza, religión y sexo”.
Por su parte, el abogado Manuel Riera manifestó que con relación al proceso previsto en el proyecto de ley, ellos se enfocaban principalmente en lo relativo al Poder Judicial. “Al Poder Judicial se le dice, entre otras cosas, que debe considerar como un atenuante, circunstancias particulares de la violencia de género sufrida por la mujer. Esta sería la labor de cada juez en cada caso concreto. O sea le estamos recordando al juez, lo que ya está establecido y es que debe juzgar bajo el principio de la sana crítica, estas son redundancias que van a verse sobre cada caso concreto en función de cada tipo penal”.
Mencionó Riera que “el proyecto establece se debe prever la designación de un personal femenino para el conocimiento y juzgamiento de tales hechos. Y esto supone de alguna manera que el Poder Judicial tiene que tener jueces mujeres y el mecanismo de selección de magistrados no es este”.
El Dr. Silvio Reyes se refirió al ámbito penal y ámbito procesal penal; señaló que les preocupa la creación de la jurisdicción especializada. No estamos en contra, al contrario nos parece necesaria, porque se necesita una especialización de la competencia. Pero el proyecto de ley crea solamente juzgados penales y a los juzgados penales, les da un procedimiento civil para dos actuaciones, las medidas cautelares y el procedimiento de faltas, y en lo penal les da un procedimiento penal. Creemos que esta dualidad del órgano sería contra producente para ciertos procedimiento. Van a usar el derecho procesal civil y para otros, el derecho procesal penal. El Juzgado Penal por su naturaleza es solamente para cuestiones penales, no podemos estar ingresando innecesariamente dentro de las medidas cautelares. Por eso, es tan chocante para la sociedad este punto “in dubio pro víctima”.
También presentaron sus opiniones organizaciones feministas, y personas preocupadas por la violencia que sufren las mujeres en nuestro país.
La diputada Aída Robles señaló que se crearán comisiones técnicas o de trabajo para discutir sobre los cuestionamientos que fueron expuestos en la audiencia pública, y se reunirán con diversos sectores de la sociedad para analizar los puntos argumentados en el proyecto de ley.
También pidió que se respete el trabajo realizado por la comisión redactora que trabajó durante dos años para la elaboración del mencionado proyecto a favor de las mujeres.