Piden imputar a crucificados

César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, dijo ayer que la Fiscalía General del Estado debería actuar de oficio para investigar e imputar, si hay causa penal, a todos los responsables de la medida de fuerza de choferes de la Limpeña, Línea 49, que es realizada mediante crucifixión.

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Desde el 22 de julio, los choferes están crucificados bajo una carpa en la vereda del Ministerio del Trabajo, en la calle Herrera y Paraguarí de Asunción.

Unos 15 crucificados, supuestamente, iniciaron también una huelga de hambre el 31 de agosto.

Ayer intentamos recabar información sobre la salud de los choferes por parte de sus colegas, de sus familiares y sindicalistas. Nadie quiso hablar al respecto. Tampoco el Dr. Guillermo Cikel, del Centro de Emergencias Médicas. El profesional solo señaló que están bien de salud y que el SEME seguirá asistiendo a los huelguistas.

Ruiz Díaz aclaró que Cetrapam respeta el derecho a la libertad sindical, pero está en contra del uso de “una medida de fuerza irracional que atenta contra la salud de los choferes”.

El gremio solicita al Ministerio del Trabajo y el Viceministerio del Transporte otorgar garantías a las líneas para seguir invirtiendo. Ruiz Díaz señaló que no se puede obligar a la Línea 49 a contratar a obreros que fueron despedidos en forma legal. La empresa depositó en una escribanía la indemnización de los despedidos, pero nadie retiró el dinero y exigen su reposición en sus puestos.

Por otro lado, el ministro Guillermo Sosa habló ayer con el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, sobre el caso de la Línea 49, cuyo dueño es el diputado liberal Celso Maldonado.

Sosa dijo que la reunión fue solo para informar a Diputados sobre la labor del ministerio. Aclaró que respetan los derechos de obreros de la empresa.

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