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Uno de los puntos centrales de su planteamiento es que desde la visión de los derechos humanos la discapacidad es parte de la diversidad humana. Ante esto subraya la necesidad de que las personas que padecen algún tipo de discapacidad dejen de ser vistas como objeto de lástima y caridad, tal como lo hace el “modelo caritativo”, o como pacientes y objetos de rehabilitación, como se asume desde el “modelo médico”.
El autor señala que el cumplimiento de los derechos es el camino para mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad, tanto en lo personal como en lo social. Su planteamiento aboga por proyectar la mirada más allá de lo biológico, que se basa en la creencia de una “incompletud” que es preciso normalizar a través de prestaciones pasivas.
Enfoque asistencialista
La entrega de silla de ruedas y los promocionados buses inclusivos dan cuenta de la predominancia del enfoque asistencialista, que en muchas ocasiones no llega siquiera a cumplir sus limitadas metas. Esto quedó patente con un material audiovisual, que tuvo importante eco en los medios de prensa, que registró cómo una persona en silla de ruedas debió esperar ocho horas para subir a un bus, pues la mayoría de las rampas de las unidades del transporte público no funcionaban.
Como alternativa apunta a la implementación de soluciones estructurales e integrales más efectivas en contraposición a los paliativos ofrecidos a base de dádivas. Martínez observa que esto solo será posible con el diseño y puesta en práctica de políticas públicas coordinadas con el sector privado, las empresas, la familia y la sociedad civil. En lugar de brindar servicios homogéneos, indica que se debe dimensionar a la persona con discapacidad en toda su complejidad y remover los obstáculos que impiden el goce efectivo de sus derechos.
Asimismo, exhorta a terminar con el encierro y aislamiento impuesto a personas con discapacidad sicosocial, evitar que los niños y niñas con discapacidad sean apartados de sus familias, y modificar o derogar las leyes que limitan de manera abusiva la representación jurídica y la participación electoral de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas “sordomudas”.
Álvaro insta a las autoridades del Estado a aprobar la ley contra toda forma de discriminación, realizar adecuaciones curriculares para los estudiantes con discapacidad a fin de combatir la deserción escolar, descentralizar y habilitar servicios de rehabilitación y habilitación en todos los sistemas de salud del país a fin de garantizar el acceso a los mismos.