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Rafael Benítez, uno de los choferes despedidos por la empresa Vanguardia SA, ya había permitido que sus colegas le colocaran clavos en la palma de la mano. La “crucifixión” fue el 5 de julio. Los choferes así presionaron al Viceministerio del Trabajo para que confirmara legalmente la conformación del sindicato.
Esperaron meses para que la cartera estatal cumpliera su función de defender intereses de los obreros, según Juan Villalba, de la Federación Paraguaya de Transporte. Esta medida de fuerza se reinició esta vez para presionar a la Línea 30 a fin de que recontrate a ocho despedidos, tres con fuero laboral: Félix Agüero, Óscar García y Sergio Cardozo. El primero es uno de los que realizan huelga de hambre frente al local de la empresa, en el barrio Bella Vista de Luque.
Los demás son Carlos Silva, Óscar Romero y Simeón Rojas. Este último es un chofer de 59 años a quien le faltan solo unos meses para obtener la jubilación. Aseguró que seguirá con la huelga, por solidaridad con sus compañeros despedidos.
Los “crucificados” fueron Claudio Ramírez y Darío Vera. La mayoría de los choferes entrevistados dijeron que la empresa quiere liquidar el sindicato. Aclararon que la medida de fuerza no solo es por la reposición de los despedidos, sino por el pago del IPS y para no trabajar más de ocho horas.
Aufredi Paredes desmiente las acusaciones y dijo que tanto la huelga de hambre como las crucifixiones son medidas extorsivas y que la empresa no caerá en la trampa. Manifestó que los choferes judicializaron los despidos, por lo que no entiende por qué recurren a medidas extrajudiciales si aseguran tener razón y que pueden demostrarlo ante un juez. Apuntó que está abierto al diálogo. No obstante, espera una orden judicial para reincorporar a los que tienen fuero. Aclaró que cinco choferes que demandaron a la línea no tienen estabilidad laboral, pues trabajaron entre 5 y 7 años. La huelga comenzó el 25 de julio.