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Los padres objetan que el municipio invertirá unos G. 50 millones para derribar cinco aulas y reconstruirlas, pero indican que no es necesario ya que solo precisan ser reparadas y recomiendan utilizar ese dinero para construir la muralla, que sí consideran necesaria.
Exigen la muralla porque rondan varios drogadictos en la zona, que utilizan los sanitarios de los niños para dormir y drogarse. Además denunciaron que la demolición que planea el intendente solo tiene un costo de G. 12 millones en el mercado.