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Un ciudadano asunceno que prefirió el anonimato comentó a este diario que hace aproximadamente seis años, su suegra, de 57 años de edad, fue internada en el Sanatorio San Roque de nuestra capital.
Mencionó que aunque intentaron trasladar a la paciente al seguro del Instituto de Previsión Social, no pudieron lograrlo “pues ellos se creen dueños y secuestran al paciente, sin que uno le pueda trasladar a otro centro asistencial”, aseveró el denunciante.
Otra de las denuncias tiene que ver con la falta de información de los terapistas respecto a los pacientes internados. “Uno quiere saber el estado clínico del familiar internado”, dijo el hombre.
“Con mi señora hemos gastado más de G. 240 millones y, al final, nuestra paciente falleció. Ella ingresó para la colocación de una malla gástrica, pero terminó con una infección intrahospitalaria”, aseveró nuestro entrevistado, quien dijo que cuenta con todas las documentaciones que avalan todos los gastos y todo el peregrinar que tuvieron que pasar en esta experiencia que más de un paraguayo ya vivió al internar a su familiar en una unidad de terapia intensiva del sector privado.
“Lamentablemente, la madre de mi señora, Ramona Alonso de Brítez, adquirió un virus intrahospitalario y se le complicó todo. Estuvo casi dos meses y medio internada y entraba y salía de la terapia, pero al final falleció en marzo de 2007”, comentó. Según indicó, hubo voluntad para salvar la vida de la mujer, pero “no hubo sinceramiento de parte de los médicos”.
El denunciante comentó que para abonar toda la millonaria cuenta, de unos G. 240 millones, tuvieron que vender una propiedad y algunos otros bienes que les permitieron solventar el alto costo de la terapia, a pesar de que contaban con un seguro VIP.
“Además, detrás de toda la inmovilización de la paciente están los que hacen fisioterapia, masaje, etc., cuyos honorarios también deben ser pagados aparte”, apuntó.
Agregó que es conocido el alto costo que tiene una estadía en terapia intensiva, pero que los profesionales médicos también deben sincerarse y brindar un mejor trato humano y digno a pacientes y familiares que pasan por esta terrible experiencia.
Casos similares ocurren a menudo. Carmen Judith González tuvo que plantear un hábeas corpus reparador contra el Sanatorio Migone, debido a que no podía retirar a su madre de terapia intensiva para trasladarla al Instituto de Previsión Social.
cpereira@abc.com.py