Otro juez declaró ilegal la huelga realizada por los docentes de la FEP

Por segunda vez, un juez declara ilegal la huelga realizada por la Federación de Educadores del Paraguay durante casi un mes, a mediados de año. Por esta medida de fuerza los docentes ya sufrieron el descuento del equivalente a quince días no trabajados, y se exponen también a otras sanciones, que van hasta el despido.

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En agosto, la jueza Sandra Bazán declaró ilegal esta huelga. Pero luego un Tribunal de Cuentas anuló la sentencia por cuestiones formales. Por ese motivo la Procuraduría de la República hizo un nuevo pedido de declaración de ilegalidad de la huelga. Este fue analizado por el juez en lo Laboral, Tadeo Zarratea, quien volvió a declarar ilegal la huelga e impuso las costas del juicio a la Federación.

La medida de fuerza buscaba modificar legalmente las condiciones de jubilación de los maestros, objetivo que no se logró.

Entre los puntos destacados por Zarratea, se destaca el hecho de que la huelga “no fue llevada a cabo contra el empleador inmediato”, ya que no fue contra la patronal, el Ministerio de Educación y Cultura, sino contra un tercero, el Congreso.

“Es un hecho curioso (...): una organización sindical de segundo grado reclama mejoras legislativas para la jubilación futura de sus asociados, reclamo que no puede satisfacer su empleador, el MEC, ni el Poder Ejecutivo. Por otra parte, un Ministerio empleador que comparte y acompaña el reclamo de sus empleados”, dice el juez.

Huelga política

“La huelga fue desatada contra el Poder Legislativo. Por tanto, se trata de una huelga política”, sostiene el magistrado, quien recuerda que según el Código del Trabajo son ilegales las huelgas declaradas por motivos políticos o con la finalidad de ejercer coacción sobre los Poderes del Estado.

Otra consideración del juez es que la huelga no fue autorizada por los trabajadores, y que no se decidió en asamblea, por votación secreta, sin intermediarios, sobre la base de una propuesta de los trabajadores.

Zarratea también se refirió al perjuicio causado a los estudiantes, teniendo en cuenta que la ley declara a la educación como servicio público indispensable. “Se afectó a millares de niños, sin ser ellos parte del conflicto, sino víctimas inocentes de las partes en conflicto”, es una de las apreciaciones del juez.

Afirmó además que la privación del derecho a la educación durante un mes “descalifica seriamente a los promotores”.

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