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Mons. Joaquín Robledo asumió el domingo último y esta mañana se enteró a través del diario ABC Color de que habría un desfalco de G. 1.600 millones en la diócesis cuyo responsable sería el padre Hernando Ariel Rumichi Jara.
El obispo dijo que la investigación se realizará con la prudencia necesaria para no dañar la imagen de personas inocentes, pero aseguró que no encubrirá a nadie si detecta alguna irregularidad.
El anterior obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Sebelio Peralta Álvarez, falleció el 20 de noviembre del año pasado a raíz de un infarto. Murió sin enterarse del resultado de una auditoría interna que había ordenado para conocer las irregularidades administrativas que estaba cometiendo el vicario ecónomo el padre Hernando Ariel Rumichi Jara. El descomunal robo en su diócesis sería uno de los factores que habría perjudicado al pastor. La salud del religioso, quien por largo tiempo fue obispo de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, de 75 años, se había deteriorado unos 10 a 15 días antes de conocer el balance. Era una persona muy sensible y se alteró cuando se percató de la irregularidad administrativa.
Después de la muerte de Peralta Álvarez se eligió al vicario general, Digno Benítez, como administrador diocesano. Este, presionado por el sector de la feligresía sanlorenzana próximo a monseñor Peralta Álvarez, supuestamente habría dicho que la auditoría interna no era suficiente para denunciar al padre Ariel Rumichi Jara y que ordenaría una autoría externa cuyo resultado fue ocultado. Pero al ser abordado por los feligreses, quienes eran marginados por Benítez, este respondió que su responsabilidad terminó porque ya denunció el hecho en la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la Nunciatura Apostólica. Ninguna de estas dos instancias tomó las medidas del caso.
Entre los supuestos negociados realizados por el vicario ecónomo fue la compra de una lujosa vivienda para domicilio del obispo, que se habría adquirido sin el conocimiento de monseñor Peralta Álvarez y cuyo valor habría superado los 900 millones de guaraníes, pero con tufo a sobrefacturación. El obispo Álvarez Peralta nunca utilizó esa lujosa residencia.
Los rumores del desfalco comenzaron a correr varios meses atrás. Inclusive nuestro diario ya había consultado al padre Digno Benítez sobre los trascendidos y este había negado totalmente tal posibilidad, aumentando la sospecha de que él estaría encubriendo a Rumichi Jara. En el escrito del abogado Gustavo Cáceres ante la Fiscalía se acusa a Digno Benítez de ser cómplice.
La denuncia contra el cuestionado religioso se tenía que presentar en la fiscalía antes de la venida del papa Francisco a nuestro país, pero los feligreses fueron convencidos para no hacerlo, porque ya se estaban tomando medidas en el caso y que la Nunciatura estaba al tanto de la irregularidades. Tales medidas nunca se produjeron y se decidió presentar la denuncia en el Ministerio Público, según el abogado Gustavo Cáceres, quien patrocina a los feligreses de San Lorenzo.
No fue separado
El padre Rumichi Jara nunca fue sancionado, solamente fue separado de su cargo y actualmente se desempeña como párroco de la iglesia Virgen de Pilar de Capiatá, donde ostenta un buen vivir y administra el dinero de la parroquia, dice la denuncia de Cáceres.
“Nada que ocultar”
Sobre la denuncia en su contra, el padre Rumichi Jara nos dijo en su momento que la desconocía y que si es citado por la fiscalía se presentará porque no tiene nada que ocultar. Asegura que su desempeño fue transparente. Negó que haya habido desfalco durante su administración.
El padre Benítez hasta ahora no dio la cara para dar su versión sobre la denuncia que lo menciona como encubridor.
La diócesis de San Lorenzo, que abarca varias localidades del departamento Central, es una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes del país en densidad poblacional, después de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Su población está por los 1.500.000 habitantes.
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