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Al respecto, Miguel Ramírez, jefe de Fiscalización de la Comuna, dijo que ante las denuncias se siguieron los pasos municipales respectivos hasta que se logró la orden de cierre de los negocios, por resolución de la Intendencia, pero que debido al incumplimiento de las medidas, el expediente pasó a la dirección jurídica municipal.
El abogado Benito Torres, de la Asesoría Jurídica, señaló que el incumplimiento de una resolución municipal, validada judicialmente deriva en el hecho punible de desacato, pero que para evitar llegar a esta instancia, es la Policía Nacional la que debe velar por el cumplimiento de la disposición municipal y judicial, que es lo que la Comuna está procurando en este momento.