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Los medicamentos e insumos vencidos corresponden a varios periodos, desde la administración de Esperanza Martínez (2008-2012), Antonio Arbo (2012-2013), Antonio Barrios (2013-2018) y Carlos Morínigo (2018), informaron en la cartera sanitaria. Varios de los productos incluso estaban en farmacias internas de los servicios de salud a punto de ser entregados a pacientes.
Pese a la gravedad del tema y el perjuicio económico que no fue cuantificado aún por el equipo del actual ministro Julio Mazzoleni, la cartera decidió no presentar por ahora ninguna denuncia penal. “No vamos a realizar ninguna presentación ante la Fiscalía por el momento, porque nos vamos a enfocar en el caso de falsificación de órdenes de compra para medicamentos, que sí ya tiene una denuncia ante la unidad de Delitos Económicos. Decidimos enfocarnos en una cosa a la vez y no abrir varios frentes”, dijo a ABC el director jurídico del Ministerio, Freddy López.
Recordó que la fiscala Victoria Acuña intervino en la denuncia y que ya incautó documentos y computadoras de la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio.
Otro caso
López comentó que el lunes se constituyó junto con funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) de la cartera sanitaria en la zona de Banco San Miguel de Asunción (Bañado Norte) ya que en el sitio fueron arrojados insumos para laboratorios con el logo del Ministerio. “Fueron levantados 166 kilos de placas para laboratorios y estamos investigando por el número de lotes a que servicios pertenecían. Estos insumos no estaban vencidos y se usan para realizar estudios ginecológicos. Una vez que contemos con los datos vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía del Medio Ambiente”, explicó el asesor jurídico.
Exministro se defiende
El exministro de Salud y actual senador, Antonio Barrios, indicó ayer que en 2015 estableció un protocolo de informe de medicamentos vencidos en donde las instituciones debían informar de los lotes de fármacos vencidos en los distintos establecimientos. “Primero a Insumos Estratégicos, luego a Asesoría Jurídica y finalmente a Digesa para su destrucción. Las 10 toneladas de la que habla el Dr. Mazzolenni se refiere nada más y nada menos que a dictámenes jurídicos remitidos a Digesa antes. No es nada nuevo”, dijo.