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Tras un largo informe sobre los detalles de la adquisición del inmueble denominado edificio Excelsior, por el que se pagaron más de G. 14.045 millones a los propietarios (“María Josefina Scavone y otros”), con autorización del entonces ministro de Educación, Luis Alberto Riart, el actual director jurídico del MEC, Adalberto Gustavo Rodas, sostiene que existe “una inusual cuestión en cuanto a la actualidad de este bien”.
Este edificio “ha sido adquirido por vía de la excepción bajo las justificaciones de urgencia, necesidad y (buena) ubicación, sin que hasta la fecha pueda ser habitado como consecuencia de no reunir las condiciones mínimas para ser usufructuado por el Ministerio”, dice el escrito elevado esta semana al procurador, Abog. Roberto Moreno.
Agrega que a todo eso se suma el hecho de que el precio ha sido pagado en su totalidad “sin que exista una escritura pública de traslación de dominio, forzando al MEC a seguir pagando alquileres de otros inmuebles, erogando gastos inmensos en perjuicio del patrimonio del Estado paraguayo”.
Por otro lado, y como si todo lo anterior fuera poco, la nota resalta que hay otro hecho negativo y sospechoso relacionado al mismo edificio, ya que por una licitación pública de 2011 se procedió a iniciar la restauración, adecuación y reparación del inmueble, adjudicándose a la firma “BGF SA” por un total de G. 3.665 millones. La obra está hoy paralizada “debido a la falta del certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2013”, señala el informe, agregando otros detalles para después referir que por disposición de la Municipalidad de Asunción, el citado inmueble fue desocupado para su remodelación.
“Presumiblemente, el monto abonado a la constructora BGF SA para las obras que debieron realizarse no reflejan los recursos invertidos por el Ministerio”, advierte en otra parte.
Alquiler sospechoso
En la misma nota y entre otros temas, el MEC informa también a la Procuraduría de las dudas que tiene sobre el alquiler de la “casona del Bicentenario para sede del Viceministerio de Culto, propiedad de la familia Cáceres Brun, a un costo en 2011 y 2012 de G. 582 millones, estando pendiente de pago G. 207,9 millones por el 2013. Este caso “podría configurar un supuesto hecho de tráfico de influencias para el arrendamiento del lugar”, alega la Asesoría Jurídica ministerial.