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De las 21.807 computadoras que se entregaron entre el 2012 y 2013, solo 10.004 computadoras tienen toda la documentación en regla, según datos divulgados por la actual administración del MEC. Esta documentación consiste en fotocopia de cédula del beneficiario, contrato firmado por el beneficiario y el MEC, así como el acta de recepción.
En el resto de los casos hay alguna falencia en la documentación. Esto incluye firmas en las actas que a primera vista no coinciden con la firma de la cédula de identidad del receptor y la ausencia de las actas.
Del total de 33.835 computadoras adquiridas para docentes entre el 2011 y 2012, 7.196 están desaparecidas, según reportes del MEC. Esto se debe a que no se encontró ningún documento que respalda la entrega de los equipos y tampoco se han ubicado en los depósitos de la cartera educativa, según declaraciones de la ministra de Educación, Marta Lafuente.
“No es cierto”
El exministro de Educación Horacio Galeano Perrone negó en comunicación con Radio Unión que no exista la documentación respaldatoria de unas 7.000 laptops, que fueron recibidas durante su administración. “Yo no quiero polemizar, yo le aprecio mucho a Marta (Lafuente), pero no es cierto”, sostuvo.
Se entregaron 28.000
Lilia Peña Galeano, directora general de Ciencias e Innovación Educativa durante la administración del actual diputado Víctor Ríos y Horacio Galeano Perrone, aseguró que hasta agosto de 2013 se entregaron 28.000 computadoras a los docentes, cifra que difiere de los datos divulgados por la administración actual de Marta Lafuente.
Antecedentes
Las laptops se adquirieron en dos partes, en el 2011 y 2012, por un total de G. 90.339.403.290. Ambas compras se realizaron a la firma Hitecer del grupo empresarial Trovato, representado por Marco Trovato. Los contratos se firmaron durante la administración del actual diputado liberal Víctor Ríos y las máquinas fueron recibidas por el exministro Horacio Galeano Perrone.
La adquisición fue auditada por la Contraloría, que calculó un daño patrimonial de G. 3.748.716.155 por la falta de aplicación de multas. A esto se sumarían unos G. 19.213.310.065 en daño patrimonial, correspondientes a las 7.196 computadoras “desaparecidas”.