Maternidad infantil forzada

En el año 2015 se registraron un total de 672 niños/as nacidos vivos de madres de entre 10 y 14 años de edad. Por disposición del Código Penal, son fruto de situaciones de abuso. Eso significa que, por lo menos, 600 niñas se convirtieron en madres en abierta violación a disposiciones penales y de derechos humanos, según el Informe de DD.HH. de la Codehupy 2016.

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El embarazo infantil forzado es, hoy en día, una problemática social del Paraguay. Sin embargo, el Estado paraguayo sigue virando la mirada cuando se requiere la protección de una de las poblaciones más vulnerables, obligando a niñas y adolescentes a llevar a término embarazos no deseados, principalmente cuando se trata de salvaguardar la infancia sometida a abuso sexual.

Esto, según el Informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) 2016, en el artículo “La niñez en disputa: ¿Jugamos a la ronda o jugamos a ser madres?”, redactado por Katia María Gorostiaga Guggiari, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem Paraguay).

“Un embarazo infantil forzado se produce cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña y el Código de la Niñez y la Adolescencia consideran que son niños y niñas todas aquellas personas que no hayan alcanzado los 18 años de edad. La Ley N° 2169/2003 considera que la niñez se inicia desde la concepción y hasta los 13 años, mientras que la adolescencia va de los 14 a los 17 años. Es decir, existe un embarazo infantil cuando la niña no alcanzó los 14 años de edad.

“Cualquier relación sexual con una niña menor de 14 años es considerada abuso sexual y, por tanto, es castigada penalmente. Esto se traduce a que cualquier niña que haya resultado embarazada antes de alcanzar la edad mencionada, es considerada víctima de abuso sexual.

“En tal sentido, es urgente que el Estado Paraguayo tome todas las medidas pertinentes para evitarlo. Es decir, debe proteger su salud física y emocional, garantizar la privacidad de las víctimas y obligar a los operadores y operadoras de justicia a realizar todas las acciones necesarias para sancionar a los responsables. Se debe aprobar una política de educación integral de la sexualidad en el sistema de educación formal para prevenir riesgos de embarazos no deseados y abuso sexual”, son algunos datos y recomendaciones que señala el citado informe.

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