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La Ley 2529/06 fue la normativa más nociva para el ámbito educativo superior, ya que fue la que "abrió la canilla" para la creación prácticamente descontrolada de universidades.
Apenas dos años bastaron para que, amparado por esta ley, el Parlamento, a través de la creación indiscriminada de instituciones, lleve hasta casi un punto de colapso el sistema universitario de nuestro país.
La mencionada ley indicaba en el artículo 4º que "las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen del Consejo de Universidades, ante el cual deberán ser acreditados los siguientes requisitos mínimos...".
El texto remarcado indica que si bien se solicitaba un informe al Consejo de Universidades, este informe en realidad no influía en nada en la decisión de los parlamentarios.
Prácticamente se eliminó la influencia que tenía el Consejo, que es el encargado de evaluar los proyectos de instituciones.
De las 17 universidades creadas en solo dos años, 15 poseen dictamen desfavorable del Consejo de Universidades y dos ni siquiera presentaron el proyecto para ser evaluado.
Actualmente, la Ley 2529/06 ya no se encuentra vigente, fue modificada por la Ley Nº 3973 -vigente desde marzo de este año-, en la que se restituye la autoridad del Consejo de Universidades.
Pese a la ley que estipula que "las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previa recomendación favorable y fundada del Consejo de Universidades...", se siguen creando instituciones con dictamen negativo.
La Universidad Interamericana, aprobada la pasada semana por el Senado y que actualmente espera la promulgación del Ejecutivo, es un ejemplo de ello.
Los legisladores, para incumplir lo que dicta la Ley 3973, fundamentan el orden de prelación, donde afirma que en la Carta Magna se estipulan otros criterios que los que figuran en la Ley 3973, también conocida como "Ley Acha".
El hecho preocupante para la ciudadanía y las autoridades educativas es que el Parlamento mantiene esa potestad de crear instituciones sin la necesidad de que estas posean un aval que garantice la calidad educativa.
Ese período de dos años en que estaba vigente la Ley 2529/06 pudo haber sido mucho peor, afortunadamente se aprobó una ley que estipulaba que por el lapso de un año se produciría un cese total de creación de instituciones, el que culminó en octubre de este año.
El Ministerio de Educación pretende que el Legislativo apruebe lo más rápido posible una ley similar que ejerza la prohibición hasta finales del primer semestre del próximo año.
El MEC y los rectores de las principales universidades solicitan este plazo para elaborar el proyecto de ley de reforma de la educación superior con tranquilidad; por su parte, ellos se comprometen a agilizar el trabajo de elaboración.
Parte interesada en el Congreso
Varias veces se mencionó que existen sectores parlamentarios que defienden sus propios intereses al aprobar la creación de universidades sin importarles que estos vayan en detrimento de la calidad educativa y en perjuicio de la sociedad.
Es sabido que existen congresistas de este y otros períodos que son dueños y rectores de universidades. La senadora Ana María Mendoza de Acha y el Ing. Pedro González, rector de la Universidad Nacional de Asunción, entre otros, varias veces denunciaron el hecho.
Creación de universidades
Existen cuatro períodos de creación de universidades en nuestro país. El primero es anterior a la vigencia de la Ley 828/80, durante esta se crearon dos universidades, luego durante la vigencia de la anteriormente mencionada ley se crearon seis universidades, todas estas por decreto del Poder Ejecutivo, a excepción de una que formó parte de la Reforma Educativa.
Luego 27 universidades fueron creadas al amparo de la Ley 136/93 "de universidades", todas con dictamen favorable del Consejo de Universidades. Hasta ese momento, todas la universidades fueron creadas dentro de un marco de exigencia de calidad.
Posteriormente, las universidades creadas al amparo de la Ley 136/93 "de universidades" y su modificatoria Ley 2529/06, fueron las que produjeron el problema dentro del sistema educativo superior, en el período se crearon 15 universidades con dictamen negativo y dos sin ningún dictamen del Consejo de Universidades.