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“Pedimos mayor protección de las instituciones, porque no hay una política de protección y contención a las mujeres que denuncian la violencia. Hoy venimos a exigir eso y a repudiar con mucha fuerza los feminicidios ocurridos en nuestro país. Presentamos los dos casos de mujeres que fueron asesinadas en el barrio Capellanía de San Lorenzo”.
“Una fue apuñalada por su expareja: María Inés Vallejo, y también su hija, por denunciar. Y trajimos también el caso de Juana Esmilce, quien también denunció y ahora está resistiendo a las amenazas”, recalcó la dirigente campesina Dora Flecha, del Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurã, quienes realizaron ayer un mitin frente al Ministerio Público repudiando la falta de acción y protección de la Fiscalía y de las instituciones del Estado.
Dora Flecha señaló que estas son las razones por las cuales muchas veces las mujeres no se animan a denunciar o retiran nuevamente su denuncia. “Esta es la pregunta que a veces la gente se hace y se les culpa de nuevo a las mujeres. La mujer retira de nuevo su denuncia porque es víctima de amenazas del propio agresor, de la parentela del agresor, y también recibe amenazas desde las instituciones del Estado. Eso le pasa a Juana Esmilce Selva Paredes en la Fiscalía de Santaní, que recibió amenazas en la Fiscalía de que si no se tranquilizaba con las denuncias le quitarían a sus hijas, y le quitaron a sus hijas a pesar de que tiene la patria potestad del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia”, denunció Flecha.
El caso de Juana Esmilce Selva Paredes
Durante la protesta estuvo presente Juana Esmilce Selva Paredes, oriunda de Santaní (San Pedro), víctima de violencia doméstica por parte de su expareja. Ella reiteró su denuncia ante la falta de respuestas del Ministerio Público y manifestó que su caso es un ejemplo de cómo las mujeres que denuncian injusticias no solo no encuentran amparo en el sistema legal, sino que es el mismo sistema de justicia el que las persigue, amenaza y amedrenta.
“Vengo a reclamar ante el Ministerio Público que me devuelvan a mis hijas, que se haga justicia con nosotras. Mi agresor se adelantó a mí y me trató de loca, y el Ministerio Público le creyó a él y ya ni quiso tomar mi denuncia: la Fiscalía dijo que yo inventaba las denuncias y que no estaba en condiciones de hacerme cargo de mis hijas. Siempre recibí muchas amenazas de parte de él, inclusive me amenazaba desde la cárcel, estando él preso.
“Cuando se llevaron a mis hijas le reclamé, me pegó, le denuncié y me amenazó con no devolverme a mis hijas si no retiraba la denuncia por violencia. Vengo hasta Asunción a hacer mi denuncia pública, porque es injusta. ¿Cómo puede la Justicia preferir que las niñas vivan con un agresor, y separarme de mis hijas?”, remarcó Juana Esmilce.
Señaló también que el único apoyo que recibe es de la organización, “muchas veces las mujeres nos sentimos presionadas por tanto maltrato”.
Las niñas viven ahora con el agresor
La defensora pública del Primer Turno en lo Civil ante el fuero de la Niñez y la Adolescencia de Santaní es pariente del agresor de Juana Esmilce.
Según denuncia de la afectada, madre de dos niñas, una resolución del Juzgado de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA) le concedió la patria potestad de sus hijas tras la separación de su pareja, Gamaliel González Cabrera. El padre de las niñas las retiraría los viernes a la tarde y las traería de vuelta con su madre los domingos a la tarde. Pero un día su expareja simplemente no trajo de vuelta a las niñas y las entregó a un tío.