Lamentan que no se usen laptops que compró el MEC

Son 2.050 las computadoras adquiridas para docentes que aún no fueron entregadas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), pese a que fueron compradas en el 2012. Eladio Benítez, presidente de la UNE-SN, lamentó que las computadoras estén en desuso por tanto tiempo.

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La compra de más de 34.000 computadoras portátiles fue realizada en el 2011 y 2012, durante la administración del actual diputado Víctor Ríos y de Horacio Galeano Perrone, respectivamente. Pero muchas de ellas aún no fueron entregadas a los docentes.

Unas 2.050 computadoras se encuentran aún en el depósito de la empresa Hitecer SA, del grupo empresarial Trovato, mientras que otras 811 computadoras están siendo distribuidas en Concepción y Alto Paraguay.

Eladio Benítez, presidente de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN), expresó su repudio hacia la situación. “Lamentamos mucho que haya computadoras que no se están utilizando para el fin que fueron adquiridas”, acotó.

Uno de los mayores reclamos del sector docente es la falta de inclusión en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), por lo que la UNE-SN realizó un convenio en el 2011 y 2012 para capacitar a los maestros. “Teníamos el compromiso de que los docentes recibirían las computadoras, pero el MEC no cumplió”, sostuvo.

Intentamos contar con una versión de autoridades del MEC, pero los mismos se negaron a hablar telefónicamente sobre el caso. La directora de prensa, Alicia Brítez, aseguró que presentarán hoy la versión oficial de la cartera educativa.

Antecedentes

En diciembre del 2011 el MEC adquirió 1.000 computadoras y otras 33.585 en noviembre del 2012. En ambos casos la compra se hizo a la empresa Hitecer SA, representada por Ángela Rossana Riveros Cross y Aníbal Manuel Zapatini, y se pagaron G. 5.340.000.000 y G. 84.999.403.290, respectivamente. La Contraloría detectó irregularidades en ambas adquisiciones, debido a que el MEC no aplicó multas pese al retraso en la entrega del producto, y calculó un daño patrimonial de G. 534 millones y G. 3.214.716.155, gracias a las adendas introducidas en el contrato.

Ambas adquisiciones fueron auditadas por la Contraloría, que remitió los informes de indicios de hechos punibles al Ministerio Público en noviembre del 2012 y febrero del 2013. La fiscala Yolanda Portillo, a cargo de la investigación, aún no ha formulado imputaciones.

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