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Todos los egresados que han comprado calificaciones se verán afectados con la anulación de sus títulos y certificados de estudios y se pedirá a la Corte Suprema de Justicia que se les retire la matrícula de abogado, independientemente de otras sanciones penales que pueda solicitar la fiscalía, sostuvo ayer a la prensa el rector Gibaud, tras una reunión académica interinstitucional en el Hotel Excelsior.
En cuanto a los alumnos que aún siguen la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD), los mismos serán expulsados de la institución, según el rector.
Sostuvo que tanto los egresados como los estudiantes podrán convalidar sus estudios en otra universidad, “pero no en la Universidad Católica”.
El número preciso de egresados y alumnos involucrados aún no se conoce.
188 actas adulteradas
El rector Gibaud explicó que la comisión interventora detectó 188 actas que sufrieron modificaciones con uno o dos calificaciones adulteradas. Dijo que corresponden a 2012 hasta inicios de 2014, y que ahora las investigaciones irán hasta el 2009, inclusive.
“Se están investigando todas las actas falsificadas. Tenemos un perito calígrafo, que tiene que examinar cada firma, y eso requiere tiempo, no se puede hacer a las apuradas. Hemos ampliado tres meses más el tiempo de la intervención porque necesitamos más tiempo”, manifestó el rector.
Hasta el momento la fiscalía imputó a 15 personas, de las cuales 13 son estudiantes y dos, funcionarios.
Gibaud señaló que por estas irregularidades fueron cesados de sus funciones cuatro funcionarios de la secretaría del decanato.
Decano, “negligente”
El rector Gibaud calificó de “negligente” el trabajo del decano de la FCJD, José María Cabral. “Por lo visto, el decano (Cabral) no controló las cosas que se hacían. El decano fue negligente en ese sentido; de no controlar cómo funciona su secretaría, de que se robaban cheques de los docentes y que se venían falsificando actas de calificaciones. De alguna manera el decano tenía que saber, tenía que tener el control”, indicó Gibaud.
Manifestó que el decano está suspendido en sus funciones, con goce de sueldo, y que al terminar todo este proceso investigativo se estudiará su caso.
No quiso opinar
El decano Cabral dijo que no quería emitir ningún comentario en respuesta a lo que dijo el rector Gibaud, argumentando que esperará el resultado de la comisión interventora. “Por respeto a los interventores no quisiera emitir ninguna opinión”, manifestó.
No obstante, resaltó que los involucrados deben recibir sanciones ejemplares.