Cargando...
En el 2011, la empresa Ivesur demandó a la Municipalidad de Asunción por poco más de US$ 8 millones debido a que esta permitió ingresar al ejido capitalino a todos los vehículos con patentes de otras comunas, sin realizar la inspección técnica vehicular.
Para buscar zanjar el impasse, la Junta Municipal de Asunción, en junio de 2013, solicitó a la Intendencia Municipal la reducción del 50% de la tarifa (de G. 210.000 a G. 105.000), lo cual fue aprobado por la administración de entonces, a cargo de Arnaldo Samaniego.
Sin embargo, la reducción de la tarifa fue acompañada de otro pedido, el de extender el contrato con Ivesur por 15 años más, es decir, hasta el 2033. Esta segunda propuesta ya fue rechazada por la Intendencia Municipal ya que iba a producirse sin licitación, es decir, fuera de la ley de concesiones.
Benito Torres, exasesor jurídico de la Municipalidad dijo que este impasse fue porque en la Junta Municipal quisieron “cocinar” la extensión del contrato con Ivesur, con el pretexto de que se iba a condonar la supuesta deuda con la empresa privada en referencia al monto solicitado de unos US$ 8 millones.
“La Junta aprobó la prórroga nosotros vetamos y le instamos a ellos (los concejales) que se baje y se modifique la ordenanza tributaria, que se baje a 50% del canon. Quedó en que no iba a existir prórroga”, señaló Torres.
Recordó que la empresa Ivesur, a raíz de la negativa de la Municipalidad, hizo la denuncia a los tribunales arbitrales e incluso, en un momento, dijo que la demanda alcanzó los US$ 22 millones. Esto fue basándose en una extensión contractual que era totalmente ilegal.
No se defendió a la Comuna
Por su parte, el exconcejal capitalino Carlos Galarza (FG) indicó que la Junta Municipal pretendía que no se llegue a esta situación y que se acuerde una solución con la empresa Ivesur, a raíz de la primera demanda promovida. Sobre el fallo judicial desfavorable, dijo que no se precautelaron los intereses de la Comuna, ya que no se pudo arribar a un arreglo con la firma.
La primera denuncia planteada por Ivesur, en la que solicitaba un resarcimiento por la cantidad de vehículos que ingresa a la ciudad con patentes de otros municipios, pero que no tienen inspección técnica, fue atacada de inconstitucional por el tribunal arbitral compuesto por Manuel Riera (Municipalidad), Édgar Rifler (Ivesur) y Raúl Sapena (neutral), y fue consecuentemente rechazada.
Sin embargo, el miembro del tribunal propuesto por la Municipalidad, Manuel Riera, hizo lugar a la segunda demanda, por una supuesta caja paralela que tenía 60.000 vehículos habilitados más que los inspeccionados por la empresa, entre el 2008 y el 2012 y eso terminó condenando a la ciudad.
El conteo de Ivesur supera en 50% la diferencia con los números de la base informática de la Municipalidad que hablaba de 27.000 vehículos. Entre ellos se contemplan los automóviles de taxistas, excombatientes y del Estado por los cuales se abonó en concepto de ley de capitalidad.
La resolución del laudo arbitral indica que se condena a la Municipalidad al pago de G. 8.627.550.755, por indemnización.