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La iniciativa de Justicia Ambiental del PNUMA, que representa nuestra compatriota, apunta a trabajar con jueces de Corte Suprema, fiscales generales, auditores generales y asesores jurídicos de todo el mundo, para buscar la gobernanza ambiental y el estado de derecho.
Sheila se encuentra en nuestro país. Entre reuniones, llamados telefónicos y otros trabajos, accedió a una entrevista.
–¿Por qué eligieron a Sheila Abed?
–¿Cómo me eligieron? El trabajo se inició hace casi dos años, cuando el PNUMA empezó a diseñar esta nueva iniciativa. Entonces me encontraba al frente de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (IUNC, por sus siglas en inglés) y me invitaron a formar parte del equipo que empezó a darle forma a la iniciativa. Más tarde se conformó un comité ejecutivo, que preparó las acciones para el lanzamiento de la iniciativa durante Río+20, el año pasado. En ese momento me volvieron a invitar a ser miembro del comité ejecutivo que organizó dos reuniones preparatorias en las que participaron ya jueces, fiscales, contralores del mundo entero. Las reuniones fueron en Kuala Lumpur, Malasia, y en Buenos Aires. La iniciativa fue lanzada en Río+20, en una reunión ante una impresionante participación. La declaración final abrió el camino para que la iniciativa se institucionalice.
–¿Ya fue formalizada por la Asamblea de las Naciones Unidas?
–Sí. La formalización institucional se dio en setiembre del año pasado, en la Asamblea General de la ONU, donde se aprobó el paquete de medidas de fortalecimiento del PNUMA y le dio membresía universal con mayor presupuesto y responsabilidades. En diciembre último, el Panel Asesor de Alto Nivel se reunió por primera vez en Washington y se decidió aprovechar la reunión del Foro Global de Ministros, en febrero de este año, en Nairobi, Kenia, sede del PNUMA, para formalizar su institucionalidad.
–Y fue allí donde le designaron responsable de esta iniciativa...
–Así fue. El 17 de febrero pasado se hizo un taller y al final del mismo se hizo el anuncio correspondiente.
–¿Le sorprendió la designación?
–Aunque había acompañado el trabajo por dos años, igual quedé gratamente sorprendida. Bakary Kante, de Senegal, director de la parte jurídica del PNUMA, me dijo cuando me anunció la designación: “Las puertas están abiertas; solo es necesario que se las empuje, y tu trabajo y dedicación empujaron la puerta”.
–Interesante mensaje...
–Creo que es un buen mensaje para la gente joven de nuestro país, para que se atreva y se siga formando, porque las oportunidades están ahí y hay que buscarlas.
–¿En que consiste, específicamente, esta función?
–Las acciones específicas involucrarán el diseño de programas de capacitación para donde sea necesario, con la creación de un portal judicial donde colgar las decisiones judiciales relacionadas con temas ambientales en el mundo. El objetivo es crear un foro especializado donde todos los destinatarios del programa –jueces, fiscales, auditores, contralores, etc.– puedan discutir y hacer consultas. Están previstas, además, publicaciones y la recopilación de datos que permitan llevar estadísticas sobre casos, incidencia, como se han resuelto, etc. También podrán compartir información sobre tipos de pericias, modelos procesales, etc.
–Mucha tarea, abarcar todo el mundo...
–El mandato es global, pero es bien probable que se ajuste a las distintas realidades: el mundo en desarrollo necesita instalar más capacidad y asegurar más recursos. Otros países están ya en la etapa de creación de tribunales especializados, y otros buscan conocer decisiones innovadoras y compartir experiencias con colegas de todo el mundo.
–¿Qué dice, específicamente, el documento de conformación?
–Según la declaración de constitución, es únicamente mediante la participación activa de todos los componentes de la sociedad, pero especialmente de los oficiales responsables de las cuestiones de justicia, gobernanza y derecho, tales como los magistrados, fiscales, auditores y otros funcionarios claves, que se podrá lograr avances significativos que sean sostenibles, respondan a las necesidades de los pueblos del mundo y protejan los derechos humanos.
–¿Qué beneficios tiene para el país y qué se puede hacer?
–La función es importante y trasciende las fronteras. Se recopilarán datos para contar con estadísticas. Los jueces van a saber que habrá una contraloría ciudadana en materia ambiental. Será beneficiosa para todo el mundo. Si hay transparencia, hay menos actos discrecionales. A nivel de nuestro país, esta semana buscaré reunirme con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y con el fiscal general del Estado para informarles sobre el alcance de esta nueva iniciativa de una dependencia de las Naciones Unidas. La idea es trabajar con el sector judicial de nuestro país en la transparencia.
–¿Cómo se organiza?
–Se ha conformado un panel asesor de alto nivel que va a asesorar directamente al PNUMA, representando a cortes supremas, fiscales generales, etc.
–Con participación de este enviado especial creado...
–El enviado especial es el que, con el apoyo del staff del PNUMA, va a bajar el plan de trabajo al terreno.
–¿Las acciones son exclusivamente para actores judiciales, o se abrirá a otros sectores?
–Hay muchas instituciones fuera del PNUMA, que son asociadas, que trabajarán con esta iniciativa, como las universidades, otras organizaciones internacionales, etc. Cada una aportará desde su ámbito.
–¿Se trabajará por regiones, en red?
–Esa es la intención; crear una red institucional internacional bajo el liderazgo del PNUMA con el objetivo de promover el cumplimiento de los objetivos siguientes:
a) participación continua de los presidentes de tribunales supremos y magistrados de rango superior, de los fiscales y auditores generales, de las instituciones que estos representan y de otros componentes del sistema judicial y policial, incluso mediante redes internacionales y regionales;
b) calidad de la información y el intercambio de datos y deliberaciones entre las comunidades judicial y de auditoría;
c) desarrollo y aplicación permanentes del derecho ambiental en todos los niveles, y fomento de la ampliación continua de la jurisprudencia ambiental;
d) mejora de la educación, el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, con la finalidad de fortalecer la gobernanza nacional efectiva en materia de medio ambiente; y,
e) participación adecuada de los gobiernos nacionales correspondientes en el cumplimiento de los objetivos establecidos.