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Esta nueva ley pone fin a siete años de vigencia de otra que llevó al caos y la degeneración de la educación superior en el país: la Ley 2529, del año 2006.
Una vez que se proceda a la promulgación ya no se podrán crear universidades ni institutos superiores en forma unilateral, como lo hacían los parlamentarios, sin criterio de medición de calidad en infraestructura, programas y requisitos de investigación y prácticas.
La ley aprobada el miércoles último por Diputados trae tranquilidad, y su cumplimiento garantiza un control riguroso en cuanto a carreras, filiales y creación de nuevas instituciones, según los sectores que se involucraron en su redacción.
La ley contempla la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, que será el máximo órgano de control del sector, cuyo dictamen será vinculante para la creación de universidades, institutos, carreras y filiales.
También tendrá autoridad suficiente para controlar programas de posgrado y para el otorgamiento de títulos conforme con las exigencias académicas.
El Consejo estará integrado por representantes de diferentes instituciones vinculadas con la educación, incluyendo el Ministerio de Educación y Cultura.
El Consejo, por decisión mayoritaria de sus miembros directivos, podrá clausurar universidades, institutos superiores, filiales y carreras si no cumplen con los estándares de calidad, medidos por expertos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Con esto, se busca poner fin a siete años de “autonomía mal entendida” al quedar sin control de calidad las instituciones que brindan formación superior sin cumplir con los requisitos.
La nueva ley crea un Consejo de Rectores de universidades públicas y privadas y otro de directores de institutos superiores, para que cada sector pueda trabajar aunado para el cumplimiento de las exigencias de los estándares de calidad.
Lo que quedó fuera
Algunos diputados, con apoyo externo y en reuniones secretas, intentaron cambiar este sentido de calidad por una versión no consensuada. Se atribuye a Víctor Ríos el impulso de esta criticable aventura por lograr una ley que buscaba volver a incluir a parlamentarios en el Consejo Nacional de Educación Superior, además de integrar dicho órgano a medida de la corruptela, eliminando ciertas figuras representativas.
Esta tentativa no funcionó, ya que solo se alcanzaron 40 votos de los 41 necesarios para que Diputados aprobase el proyecto “Ríos”. Con este resultado no hubo otra salida más que aprobar la versión tal cual llegó de Senadores, para beneplácito de los académicos, estudiantes, docentes y técnicos que trabajaron en ese documento.
También se descartó la idea de otorgar a los institutos superiores la misma autonomía que por Constitución tienen las universidades.
Ahora se espera que el gobierno de Federico Franco promulgue esta ley, que elimina siete años de sufrimiento y manoseo de la educación superior del país.
Se espera que con la reglamentación correspondiente se pondrá en marcha un nuevo esquema de funcionamiento de la educación superior.