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El “clan Ibarrola” era conformado por los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, quienes hasta hace poco, según denuncias, manejaban a su arbitrio y convirtieron en una seccional del Partido Colorado la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y, por ende, el Hospital de Clínicas, dependiente de la casa de estudios.
El representante legal de Jaime, el abogado Jorge Coronel Gagliardi, logró que el fallo del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en respuesta a la acción promovida por el mismo, hiciera lugar a la medida cautelar y suspenda los efectos de las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, incluido el sumario como tal.
A pesar de haber estado sumariado, Jaime percibe G. 34.608.493 al mes en concepto de salario. Su hermano, Emiliano, también cobra cada mes G. 32 millones.
Según el abogado Guillermo Ferreiro, representante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, con esta medida cautelar no solo se frena el sumario de Jaime Ibarrola, sino también se da una “manito” a los demás médicos investigados, entre ellos su hermano Emiliano y el profesor doctor Juan Rodríguez Andersen, quien cobró notoriedad al amenazar a alumnos con “eyacularles en la cara”.
A criterio del profesional, la instancia judicial incurrió en una ilegalidad al otorgar una medida cautelar sin que haya concluido el proceso sumarial.
Otros sumariados son el exdecano Aníbal Peris y los funcionarios Hugo Arellano, Luis Bogado Yinde, Nicolás Lezcano, Nelson Apuril, Diego Acosta, Néstor Cardozo, Raúl Martínez, Ariel Fretes, Gustavo Cuéllar, Julio Villalba, Nelson Marín, Mónica Agüero, Sara Mongelós y Edison Thomen, quienes habrían obtenido el mismo beneficio en instancias judiciales.
“Estamos indignados”
Ante este escenario, Renzo Destéfano, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina UNA, dijo que la noticia provocó una “indignación generalizada”, y anuncian un paro.
Mañana, en asamblea extraordinaria, analizarán las acciones a tomar en torno a las medidas cautelares.
En ese sentido, se baraja la posibilidad de denunciar a los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“Tomaremos medidas drásticas si los sumariados pretenden volver a asumir cualquier función. Vamos a exigir al Rectorado UNA que tome una postura jurídica al respecto”, adelantó Destéfano a ABC Color.