La Essap pagó millones por obras no ejecutadas

Alrededor de G. 2.000 millones pagó la Essap a empresas privadas por obras que no se hicieron, revela un informe de Contraloría. Tampoco cumplieron las especificaciones técnicas, por lo cual las calles afectadas por las obras tienen baches y se hunden. En la estatal dijeron que “están elaborando el descargo”.

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“La deficiente labor de la fiscalización de las obras de la Essap ha permitido el incumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones (PBC), ocasionando la aparición de hundimientos y baches en el trazado de los colectores debido a la inobservancia del procedimiento de relleno y compactación”, señala entre otras irregularidades el informe de la Contraloría General de la República.

Además de las chapuzas mencionadas, la estatal pagó G. 2.286 millones por obras no ejecutadas, según la Contraloría.

Lo que no menciona el informe es que la fiscalización no solo estaba a cargo de los técnicos de la Essap, sino también bajo la responsabilidad del consorcio Typsa (Técnicos y Proyectos), representado por William Campos Cervera), adjudicado con un contrato de 1.647.000 de dólares para ese trabajo.

Justamente, nuestro diario publicó en junio último que volvieron a excavar la calle Francis Morices para cambiar 12 metros de tubería cloacal a causa de una rotura por colocación indebida.

Las obras, que están terminando con retrasos, fueron ejecutadas con cuentagotas por las empresas adjudicadas a fines de 2013, por un monto que ronda los G. 83.000 millones.

Uno de los contratos la Essap otorgó a la empresa DC Ingeniería, presidida por Luis Alberto Duarte Luraghi. El monto rondaba los G. 20.000 millones. El otro contrato adjudicó al consorcio Baumann y Asociados, representado por Rodrigo Benítez Barriocanal, por la suma de G. 11.963 millones. El consorcio Cuenca Este, de José Heisecke y Óscar Rubiani, fue otro beneficiado, con dos contratos de G. 13.305 millones y G. 16.180 millones. El consorcio Santa Teresa fue beneficiado con un contrato de G. 21.000 millones. Aparecen como representantes Miguel Chaves y Emilio Díaz de Vivar.

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