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El juzgado de faltas es dependiente de la Junta Municipal y tiene a su cargo casi una docena de abogados; sin embargo, el trabajo de estos letrados es muy cuestionado.
Por citar un ejemplo, el expediente Nº 5892, por tala de árboles: los inspectores municipales detectaron la falta y labraron actas porque se derribó un lapacho y otros árboles. El acta se remitió en agosto de 2017 a la Intendencia, y de allí al juzgado de faltas de la Municipalidad. El juzgado abrió sumario al propietario y lo convocó para su descargo, pero este no se presentó. En abril de 2018, el juez de faltas Edelmiro Núñez volvió a remitir el caso a la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio para que inspectores vuelvan a visitar el sitio y “corroborar si persiste la falta”. Por razones obvias, ya no se puede corroborar el hecho, pues el árbol se hizo leña.
En otro expediente, el Nº 2061, se verifica que en marzo de 2016 se intervino una gomería por ser criadero de dengue debido a la acumulación de cubiertas a cielo abierto. Se envió el caso a Miriam Franco, jueza de faltas. Dos años después, en mayo 2018, esta pide una reverificación del hecho. Por supuesto, la gomería hoy ya ni existe. Casos similares suceden con agua servidas, limpieza de baldíos, etc.
Cuestionan a jueces
José Euscariza, fiscalizador ambiental de la Municipalidad, admitió que es muy cuestionable el trabajo de los jueces de faltas. Explicó que en 2016-2017 se realizaron 5.000 intervenciones. Pero el juzgado no llegó a sancionar ni al 20% de los involucrados. “La ciudadanía no ve el impacto de las intervenciones que realizamos porque el juzgado no sanciona a infractores. Tienen apilados los expedientes, y los daños ambientales persisten porque no se obliga al infractor a corregirlo”, criticó.