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El legislativo municipal decidió ayer, por unanimidad, devolver a la Intendencia el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que solicita rescindir el contrato con la empresa Parxin, concesionaria del estacionamiento tarifado. Alegaron que además del dictamen, lo que ellos esperan es la postura de la Intendencia, y no que solo se remitan los documentos. El intendente Mario Ferreiro había afirmado anteriormente que haría caso al dictamen de la CGR.
“Nosotros cumplimos con nuestro deber. El acto administrativo, el de rescindir, recae bajo entera responsabilidad de Ferreiro. Según la Ley Orgánica Municipal, en el art. 51, el intendente ejerce la representación legal de la Municipalidad y en ese carácter, debe asumir las acciones judiciales que corresponda”, expresó el concejal Orlando Fiorotto (ANR).
Daniel Centurión (ANR) aseveró: “El intendente Mario Ferreiro finalmente remite los antecedentes a la Junta. Una vez más, con una ambigüedad que le caracteriza ya a su administración. Se lava las manos, el Pilato del siglo XXI, y no asume la posición que él afirmó, públicamente, de que él iba a acompañar la decisión”.
Por su parte, Federico Franco (Juntos Podemos) informó que ahora hay una suspensión de trabajo a Parxin hasta el 31 de agosto, lo cual fue notificado a la empresa, para que no se pueda alegar que se siguieron haciendo inversiones, ante una posible demanda. En cuanto ir a estrados judiciales, dijo que hay varias posibilidades: una rescisión, un acuerdo extrajudicial, o hacer una demanda por incumplimiento del contrato a Parxin.
Sobre si se implementará de otra forma el estacionamiento tarifado a futuro, dijo que se ya se realizan estudios para ver si podrá hacerlo la propia Comuna, vía administrativa.