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Para esa fecha también fueron citados los coimputados Laura Marisa Duarte Cáceres, exdirectora general de la Gestión de Insumos Estratégicos; María del Rocío Bogado, encargada de la Dirección de Planificación; José María Ruiz Díaz Duarte, exdirector general de la Gestión de Insumos Estratégicos, y Fernando Fabián Gill, administrador de la misma dirección.
El Ministerio Público abrió el proceso por lesión de confianza por supuestas compras irregulares e innecesarias de medicamentos oncológicos e insumos destinados al Instituto del Cáncer y un perjuicio de G. 11.000 millones.
De acuerdo a los antecedentes, vía licitación pública y por instrucción del entonces viceministro se ordenaron las compras de medicamentos oncológicos y de soporte, e insumos esenciales. Las empresas adjudicadas fueron Fusa SA, que proporcionó por un total de G. 2.061.768.178, y Farmacéutica Paraguaya SA, que facturó nada menos que G. 9.367.405.172. Según el pliego de bases y condiciones, la vigencia de los medicamentos adquiridos no debía ser menor de doce meses a partir de la fecha de recepción de los mismos y una tercera tanda debía pedirse según la necesidad, que no fue el caso.