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“Siguen las conversaciones en las esferas gubernamentales más altas, pero hasta ahora Hacienda no ha cumplido con la ley, que es muy clara en su artículo 6°: ‘el aporte jubilatorio a cargo del Estado (previsto para los docentes de la tercera edad) será actualizado con base en coeficientes o índices de revalorización a ser establecidos por el IPS’. Nosotros cumplimos con la ley y pasamos los montos de las primeras 173 solicitudes de jubilación. Y no tuvimos respuesta”, subrayó Halley.
El gerente explica que los cálculos para determinar cuánto debe pagar el Estado en concepto del subsidio equivalente a 25 años de aporte, que tenía restringido realizar el docente privado para acceder a la jubilación, se estudia caso por caso, y luego se le aplica una fórmula de rentabilidad.
“Primero se extrae el 25% de cada salario mensual que recibió el docente 25 años atrás y se le aplica la fórmula de rentabilidad. Por ejemplo, si en el año 2000 el maestro ganaba un millón mensual, se calcula el 25% de ese millón mensual, y al resultado se le aplica la fórmula de rentabilidad o revalorización”. Esta fórmula de rentabilidad es la que no acepta Hacienda, porque valoriza los aportes correspondientes a cada salario.
“Si guardo G. 100.000 mensuales debajo de mi colchón, en 25 años voy a juntar G. 30.000.000 para mi jubilación, que se va a acabar en dos años si cobro G. 1.250.000 mensuales. Sin embargo, si ese monto va a un banco, en 25 años generará intereses y más rentabilidad. Eso es lo que hace la Caja de Jubilaciones: rentabiliza los aportes para que no pierdan su valor con el paso del tiempo, y es lo que se le pide a Hacienda: simplemente lo establecido en la ley”, dijo.