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La máquina, usada para talar vegetación en el interior del territorio indígena, fue detenida por los nativos y llevada a la comunidad para impedir que continuara con el desmonte, informó la organización “Iniciativa Amotocodie” en un comunicado.
Los nativos esperan ahora que un agente de la Fiscalía se presente en el lugar de manera urgente para formular una denuncia contra la empresa ganadera que invadió y deforestó parte de sus tierras, según la fuente.
El territorio fue adquirido por el estatal Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y está en proceso de cesión a la comunidad ayoreo atetadioegosode de Cuyabia, añadió el comunicado.
Para concluir con este proceso se está realizando una mensura judicial que determinará la extensión del territorio y sus límites con las explotaciones agrícolas y ganaderas vecinas.
Mientras concluye la medición, sobre el terreno pesa una medida cautelar que prohíbe innovar, por lo que la intervención de maquinaria agrícola estaría violando esa disposición, además de invadir un territorio ajeno.
Los líderes de la comunidad de Cuyabia, Unine Cutamorajna y Nicolás Etacore, solicitaron a los propietarios de las estancias vecinas aguardar que concluyera la mensura judicial, pero denuncian que los estancieros no están respetando su pedido.
“Estas personas no nos respetan, hace mucho tiempo hemos pedido a las autoridades que se acerquen hasta aquí para corroborar cómo se violentan las medidas cautelares, pero no hemos tenido respuestas. Nosotros estamos defendiendo esto para nuestra supervivencia”, explicó Cutamorajna a través de un comunicado.
El líder indígena se mostró además preocupado porque el bosque en el que trabajan las máquinas agrícolas es utilizado como hábitat y zona de desplazamiento de algunos de sus parientes cercanos, que se encuentran en estado de aislamiento voluntario.
“Los aislados se asustan con las topadoras, estamos seguros de que ahora fueron hacia el norte y no sabemos si estarán seguros allí”, explicó Cutamorajna.
Las 25.000 hectáreas de la comunidad ayoreo de Cuyabia fueron vendidas de forma irregular en 2012 por 1.250 millones de guaraníes (unos 255.000 dólares).
El 17 de abril, el expresidente del INDI Rubén Quesnel fue condenado a 6,6 años de cárcel por la venta ilegal de ese territorio, una sentencia considerada “histórica” por la Fiscalía.