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La fiscala penal ambiental María Bernarda Álvarez se mostró ayer sorprendida al ver que dos personas imputadas en casos vinculados con autorizaciones ilegales en la comercialización de animales silvestres están en la Seam, en funciones claves.
Se refirió a las actuales funcionarias de la Seam Martha Motte, directora de Vida Silvestre (dos veces imputada), e Isabel Gamarra de Fox, asesora de la ministra Morales, quien logró su sobreseimiento de la causa.
En 2002 hubo una masacre de animales silvestres en el Alto Paraguay, lo que motivó a la fiscala Álvarez a presentar un acta de imputación contra dos extitulares de la Seam, Miguel Ángel Paredes Fassino y Menandro Grisetti, por prevaricato y violación de las leyes ambientales.
La imputación afectó a otros funcionarios cómplices, quienes elaboraron documentos que permitieron la comercialización de pieles de animales silvestres y el acopio de animales vivos para la venta al extranjero.
En una primera parte fueron imputados Nora Neris de Colmán, Wilfrido Sosa Yuberos, Martha Motte e Isabel Gamarra de Fox.
La otra imputación afectó a Ana Beatriz Pin y nuevamente a Martha Motte, por prevaricato e infracción de la ley de protección ambiental.
“Martha Motte reconoció y aceptó su responsabilidad, y fue beneficiada con penas sustitutivas, como trabajar en el Jardín Botánico entre otras acciones”, dijo.
Relación comercial
A criterio de la fiscala, evidentemente estas personas no aprenden y siguen vinculadas con los que lucran con la vida silvestre, con comerciantes que venden pieles en el extranjero, a unos 60 dólares cada pieza.
Martha Motte fue compañera de María Cristina Morales en el Museo de Historia Nacional, que daba el visto bueno para la Seam sobre la vida silvestre. Mientras que Fox era directora de Vida Silvestre, donde también estuvo como director Wilfrido Sosa, marido de Motte.
La ministra Morales decidió no brindar declaraciones ni proporcionar información alguna a ABC Color, alegando que se tergiversa en este matutino.
Fiscalía investigará
En la tarde de ayer, la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de la Fiscalía, a cargo del fiscal adjunto Jorge Sosa, anunció que investigará de oficio la cacería de 214.000 teju guasu, autorizada la Seam aparentemente a pedido del comerciante de pieles Vicencio Beconi.
El fiscal Carlos Rojas indicó que se requerirán informes a la Seam sobre la mencionada resolución, a los efectos de determinar los motivos de la medida.