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Distribuidora Fénix SA, empresa líder del consorcio Itacuá al que el Ministerio de Educación le adjudicó la ampliación, construcción y reparación de locales escolares en Itapúa, trabó su audiencia preliminar en la que el juez Julián López debía resolver si la proveedora Nancy Lucina Godoy junto con el exministro de la Secretaría de la Niñez José María Orué Rolandi y otros acusados enfrentarán o no juicio oral por el perjuicio de alrededor de G. 3.000 millones a dicha dependencia del Estado.
El abogado Álvaro Arias, como nuevo defensor de Godoy, solicitó la suspensión de la diligencia y pidió interiorizarse del expediente. La empresa de Godoy también fue acusada por sobrefacturar el costo de la yerba que proveyó para la Secretaría de Emergencia Nacional.
Por su parte, el MEC señaló que la empresa adjudicada “al momento de la evaluación cumplió con todos los requisitos y no se encuentra inhabilitada en el Registro de Proveedores de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo cual no tiene impedimentos para participar en las contrataciones que realice el Estado y con el MEC en particular”.
Sobre su acreditación de experiencia el MEC facilitó tres contratos de obras privadas que realizó la firma y facilitó como comprobante para ser elegible: un edificio para locales comerciales en el 2010, una vivienda en el 2014 y un silo acopiador en el 2015.
El MEC aclaró que aún no firmó contrato con ninguna de las firmas adjudicadas y que los oferentes que quedaron fuera tendrán 10 días hábiles para hacer sus protestas. Los oferentes ya recibieron el jueves la notificación y la justificación de las adjudicaciones del MEC, sin embargo, aún no se han publicado las adjudicaciones en la DNCP.
El MEC informó que las adjudicaciones ahora están en etapa de tacha y reclamos, lo cual debería ser de estado público y no lo es.