Cargando...
Organizaciones de personas con discapacidad exigen a las autoridades del Viceministerio de Transporte que el reglamento para la compra de 500 ómnibus nuevos, con subsidio del Estado, establezca como obligación la adquisición de vehículos con elevadores para la gente del sector.
El 20 de agosto se realizó una audiencia pública sobre transporte. En la ocasión insistieron en su petición a los legisladores y al Viceministerio. Manifestaron que el Estado no puede dar a empresarios un crédito no reembolsable de US$ 30.000, para compra de ómnibus sin tener en cuenta el derecho de los discapacitados.
El Parlamento Nacional y sucesivos gobiernos han llevado a cabo campañas en pro de personas con capacidades diferentes, en especial para que las entidades públicas contraten a la gente del sector. Un grupo importante hoy tiene trabajo como funcionarios, pero deben superar el problema de la falta de buses con elevadores y de paradas sin estructura.
El decreto 2130, que establece las condiciones para que las líneas se beneficien del crédito no reembolsable, nada dice sobre los derechos de los discapacitados.
El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y el viceministro Juan Encina informaron que el 15% del parque automotor de las empresas deben tener elevadores para personas con discapacidad. Esta exigencia se establecerá por una resolución del Viceministerio, según Encina.
El viceministro señaló que es difícil que todos los ómnibus tengan este mecanismo, ya que también se deben preparar las paradas inclusivas en Asunción y las ciudades del área metropolitana. Esto último lleva su tiempo, ya que el Viceministerio debe coordinar con las comunas la asignación de presupuesto para las paradas.
Mario Rubén Marecos, un referente del sector de discapacitados, dijo a los legisladores que los buses nuevos deben tener elevadores, lo que no es un lujo, sino un derecho. Manifestó que el Congreso aprobó un tratado internacional sobre el asunto. Criticó el acuerdo suscrito entre el Viceministerio y el Centro de Empresarios del Transporte para suspender el paro que debió iniciarse el 6 de agosto y advirtió que no se incluyó una cláusula para exigir la instalación de este mecanismo.
Hermes Ramón Díaz, de la comisión de personas con discapacidad Azul y Oro, de Luque, apoyó la propuesta de instalar elevadores en todos los ómnibus nuevos.
Los transportistas informaron que un vehículo con este mecanismo tiene un costo de US$ 130.000 (los convencionales cuestan US$ 120.000 o G. 523.200.000).